Un mes después de la golpiza que sufrieron familiares de las víctimas por envenenamiento del dietileneglycol, tres de ellos regresaron a una inspección ocular en los predios de la Presidencia de la República.
Aún existe el sinsabor e insatisfacción por la forma como se llevan las investigaciones preliminares.
En la diligencia efectuada por la Fiscalía Auxiliar, se establecieron los 500 metros que deben tener los manifestantes para protestar, contemplados en un decreto alcaldicio de 1979.
Gabriel Pascual, Daniel José Sarmiento y Vicenta Alvarado Mcquen, del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, coincidieron en que la distancia no justifica los golpes que recibieron.
Mientras que José Gómez, director separado del Servicio de Protección Institucional (SPI), luego de ser sancionado con 30 días de suspensión, no participó en la diligencia de la fiscalía.
Gómez tampoco ha sido llamado a declarar en el caso. En la diligencia participaron tres oficiales del SPI.
