Han transcurrido dos semanas desde el derrame de vísceras, cabezas, presas y plumas de pollos en calle quinta, Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz y aún no se sabe nada.
La comunidad permanece a la espera de saber quién o quiénes son los culpables del hecho.
Lizandro Arias, administrador de la región Metropolitana de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), manifestó que durante la semana pasada se avanzó en cuanto a las investigaciones del hecho.
Se refiere a que unas tres empresas tuvieron que presentarse a la institución a rendir declaraciones.
Arias afirma que la ANAM tiene algunos indicios de quién o quiénes podrían ser los culpables del problema que afectó a los moradores aquel viernes 24 de marzo cuando los olores nauseabundos se apoderaron del lugar.
Se espera que para esta semana los funcionarios de la ANAM se reúnan con autoridades del Ministerio de Salud (MINSA), para emitir a los medios el informe de lo ocurrido y detallar cuáles podrían ser las sanciones para los culpables.
El desborde de pollos ocurrido hace un par de semanas en Ciudad Radial se suscitó a raíz de dos obstrucciones que se encontraron en la línea principal, en las calles primera y quinta.
La acumulación de grasas y plumas en la línea del acueducto, que tiene una medida de 36 pulgadas de diámetro fue lo primero que se reportó.
El detonante de esta situación, a pesar que las autoridades universitarias no quieren aceptarlo, fue el apuñalamiento del estudiante Bolívar Aldeano, de la Facultad de Economía, por disputas entre grupos políticos por el control territorial en la UP.
Como resultado de esta riña, la UP fue cerrada por cuatro días y el Consejo General Universitario aprovechó para debatir medidas que buscan auditar a los grupos estudiantiles y regular la existencia de estos negocios, entre otros puntos.
El monto de lo que generan estas actividades al año es un misterio que ni las autoridades de la UP ni los grupos universitarios quieren revelar. Lo cierto es que la deuda de los estudiantes con la universidad asciende a B/.87 mil en concepto de energía eléctrica, agua, teléfono y el pago por el uso de locales.
Ahora la UP les puso un periodo límite de 60 días para que cancelen esta deuda. Y a los que acumulen más de dos meses en morosidad, se les quitarán los locales.
Se estima que la UP ha dejado de recibir más de B/.200 mil en los últimos años por el apoyo que brinda a estos grupos políticos.
El Consejo General Universitario decidió, además, obligar a los grupos estudiantiles a abrir una cuenta en la Caja de Ahorros o el Banco Nacional de Panamá a nombre de las diferentes facultades para que depositen las ganancias, que deben ser auditadas bimestralmente.
La tarea de "meter en cintura" a estos grupos no parece fácil, porque diversos movimientos estudiantiles han lanzado amenazas de "pasarle la factura" a los decanos, vicedecanos e inclusive al propio rector, si buscan reelegirse en sus cargos en las próximas elecciones.
"Todo esto es política", gritó un joven que pasaba por la Rectoría donde dirigentes estudiantiles sostenían una reunión con las autoridades.
El director de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Nelson Novarro, reconoció que los fondos generados por estas actividades no se están usando de la mejor manera, por lo que ha sido necesaria su reglamentación.
Estos negocios han proliferado de forma desordenada en la UP y se estima que sólo en el Campus Central existen alrededor de 100. Los mismos son otorgados a los grupos estudiantiles que ganan las elecciones en las respectivas facultades.
Novarro explicó que a los grupos se les ofrece el control de estos locales como un apoyo "para las actividades a favor de la masa estudiantil", toda vez que en el presupuesto no se contempla un aporte de esta índole.
Informes obtenidos por este diario señalan que en varias ocasiones decanos de diferentes facultades presentaron ante el Consejo Académico solicitudes para que se instalaran medidores de luz en estos negocios, pero la petición fue rechazada por las autoridades universitarias.
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