A un alto funcionario del Organo Judicial se le investigará por los presuntos delitos Contra la Administración y contra la Fe Pública, por la falsificación del diploma que lo acredita como abogado por el cual le otorgaron la idoneidad.
La procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, pidió la cooperación a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, para que le permitiera iniciar una investigación judicial en este caso.
Desde las 8: 00 de la mañana de ayer, Gómez acudió a la Corte para conocer el estatus de quien extraoficialmente se ha mencionado es un funcionario del Tribunal Superior Civil.
Por su parte, la magistrada Dixon aseguró que colaborará en la asistencia judicial, pero mantuvo el hermetismo del caso donde aún no se ha pronunciado la Procuraduría de la Nación.
Explicó que no puede decir si existe un plazo para que la funcionaria de instrucción realice la investigación, ya que se deben reunir las pruebas, las cuales tienen que ser presentadas al Organo de Justicia.
La presidenta de la Corte dijo que brindará toda la colaboración, pero se debe garantizar la presunción de inocencia, por lo que no puede revelar la identidad del investigado. Advirtió que decidió pronunciarse para que no quede la sensación que se está ocultando algo.
Todavía el funcionario no será separado de su puesto hasta que se formulen los cargos y se presenten las pruebas.