Asimismo, el organismo señaló en un comunicado que le parecía "lamentable" el embargo salarial dictado contra el periodista Jean Marcel Chéry, del diario "La Prensa", y consideró que estas "acciones pueden tener la intención de amenazar la libertad de prensa en el país centroamericano".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, indicó que "es claro que estas acciones pueden tener la intención de amedrentar al medio y a los periodistas o al menos buscar el efecto de la autocensura".
Marroquín agregó que existen muchos elementos preocupantes para la SIP en este pleito judicial al desconocerse principios fundamentales del papel del periodismo en la democracia: "nunca estuvo en entredicho la veracidad de la información ni tampoco que los periodistas hayan actuado con la intención de perjudicar, sólo cumplieron con informar sobre una irregularidad cometida por funcionarios, un caso de notable interés público".
"Lamentamos acciones de este tipo que envían un mensaje negativo a todos los medios de comunicación y periodistas panameños", agregó Marroquín al recordar que con la derogación en julio pasado de las "leyes mordaza" se pensó que "el país había alcanzado la madurez en materia de libertad de prensa".
Tanto la demanda civil por dos millones de dólares contra el Panamá América y el embargo salarial de 18,753 dólares contra Chéry, son acciones solicitadas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora.
De acuerdo con la SIP, el origen del pleito judicial se remonta al 8 de marzo del 2001 cuando Chéry, quien trabajaba en El Panamá América, y Gustavo Aparicio publicaron un reportaje en el que cuestionaban la construcción con fondos públicos de una carretera que conducía y que casi sólo beneficiaba a las propiedades de campo de dos funcionarios: Spadafora y Alvin Weeden.
En esa época Spadafora era ministro de Gobierno y Justicia mientras que Weeden era el contralor general de la República.
El organismo defensor de los derechos humanos a nivel mundial, Human Rights Watch (HRW) lamentó la acción judicial que afecta a los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, así como la demanda presentada contra Editora Panamá América (EPASA).
