Riesgos
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- 2012
En su reunión semestral, que concluyó ayer, en Puebla, México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el último recurso de casación que presentó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Winston Spadafora, contra la Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en octubre del año pasado.
En la reclamación civil, presentada ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Spadafora exige una indemnización de dos millones de dólares porque afirmó haber tenido problemas con sus hermanos, debido a la información publicada por este medio, en marzo de 2001, en la que se hace referencia a la construcción de una carretera con fondos públicos que llegaba hasta una propiedad suya en La Chorrera.
Por este hecho, ya el Primer Tribunal Superior de Justicia condenó en la esfera civil a Epasa a pagar 25 mil dólares a Spadafora, quien en el momento de la publicación ostentaba el cargo de ministro de Gobierno y Justicia en la administración de Mireya Moscoso, por los “perjuicios y daños civiles” ocasionados a su persona.
En el fallo, de septiembre de 2012, el magistrado ponente Carlos Trujillo se basó para condenar a Epasa en el artículo 1645, del Código Civil, que dice textualmente que “la persona jurídica es solidariamente responsable de los perjuicios causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones”.
A juicio de Spadafora, el magistrado no valoró otras pruebas presentadas por lo que interpuso este recurso para exigir una mayor indemnización.
Balance
En las conclusiones de su informe semestral, la SIP rechazó cualquier intento de debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la relatoría dedicada a temas de prensa de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se pretendan introducir en la próxima reunión de ministros de Relaciones Exteriores del organismo continental, que se realizará el viernes 22 de marzo, en Washington.
En ese encuentro, un grupo de países plantea llevar una propuesta para disminuir los presupuestos de estas instancias, lo que afectaría la labor que realizan en materia de libertad de expresión.
Respecto a la violencia, la SIP planteó que no ha cesado en la región y continúa representando una amenaza contra el periodismo crítico, como ocurre en México, Brasil y otros países.
