Juristas coinciden en que el sistema judicial panameño perdió la independencia, tras la revelación de que la Alianza Ciudadana Pro Justicia ha tenido acceso a los expedientes y la reunión entre el Movimiento Independiente (Movin) y el presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado.
Con una justicia selectiva y sesgada, queda demostrado que este sistema está torcido, así lo consideró Enrique Montenegro, vocero del Frente Anticorrupción.
"Es una violación total al Código Judicial y merece ser investigada y separada del cargo", así se refirió el abogado Montenegro sobre la procuradora de la nación, Kenia Porcell.
El Código Judicial establece, muy claro, la reserva del sumario y la presunción de inocencia, pero hasta el momento no se ha estado practicando, agregó.
Por su parte, Edna Ramos, abogada y defensora de Adolfo "Chichi" De Obarrio, planteó que no hay ninguna justificación en la ley para que se permitiera que personas extrañas al proceso hayan tenido acceso a la información.
"Ella (Porcell) no está actuando con la intención de ejercer la abogacía, lo está haciendo con la intención de servir a una asociación conformada por un número plural de profesionales y no profesionales", puntualizó.
Según Ramos, se ha convertido en una práctica institucionalizada violar la ley hasta el punto de ver los fallos de los tribunales, justificando y avalando la conducta del Ministerio Público.
