Tres casos ingresaron ayer al Ministerio Público con el nuevo Sistema Penal Acusatoriob (SPA) en el Segundo Distrito Judicial de la provincia de Coclé y Veraguas.
Se trató de un caso de violencia doméstica, pensión alimenticia y el hurto a una computadora.
Mientras, al Órgano Judicial le tocó resolver dos causas: un “habeas corpus” preventivo y una medida de protección por violencia doméstica.
La primera audiencia tuvo una duración de 10 minutos, fue presidida por el juez de garantías Gustavo de Gracia, a quien se le solicitó una medida de protección para una mujer que fue golpeada por su esposo.
De Gracia resolvió que no tenía competencia en esta petición toda vez que el hecho se registró antes de las 12:01 minutos del 2 de septiembre, cuando empezó a regir el nuevo sistema, por lo que procedió a remitir el caso al Juzgado de Liquidación, quien deberá dirimir la causa con el antiguo sistema.
“Habeas corpus”.
El segundo caso fue resuelto ante el Tribunal de Apelaciones, se trato de un “habeas corpus” preventivo, donde los magistrados, en un término de ocho horas, resolvieron declarar no viable el recurso.
Con el antiguo sistema, los “habeas corpus” podían durar de tres meses a un año, antes de que se dictara una decisión.
¿Cuál es la diferencia del SPA con el procedimiento actual? La diferencia de este nuevo sistema con el actual es que será más garantista, y el proceso será más rápido. Además será totalmente oral, es decir que los fiscales y abogados sustentarán sus versiones o alegatos verbalmente y las decisiones también serán orales.
El coordinador del SPA, magistrado Juan Francisco Castillo, explicó que en el sistema actual no están muy claras las reglas de juzgamiento, ya que el Ministerio Público (MP) asume funciones jurisdiccionales, y en ocasiones el juez dirige las investigaciones.
“Con el Sistema Penal Acusatorio estamos corrigiendo esas deficiencias, pues se implementa un juzgamiento a base de reasignación de roles, tanto el acusador como los jueces asumen sus tareas naturales, en un juzgamiento más rápido y dinámico supervisado por un juez imparcial”, acotó.
Los principales actores del SPA.
Castillo manifestó que la nueva jurisdicción funcionará con jueces de garantías, un Tribunal de Juicio, jueces de Cumplimiento y un Tribunal Superior de Apelaciones.
Además de la participación de los fiscales, también estarán los defensores de oficio, peritos y policías.
Los fiscales se encargarán de investigar y acusar, mientras que el juez de garantías controlará los actos de investigación que afecten los derechos del imputado o la víctima, como son los allanamientos, intervenciones telefónicas y otros. Además, decidirá sobre las medidas cautelares.
Sin embargo, Castillo añadió que hay excepciones, pues en los casos de allanamientos para socorrer a una persona en peligro o cuando exista riesgo de pérdida o extravío de la prueba, el fiscal puede tomar la decisión en el momento, y luego sustentarla ante en el juez de garantías, en un período máximo de 10 días, para que legalice o no la operación.
En cuanto al juez de cumplimiento o de ejecución es el que supervisa las penas impuestas a los declarados culpables, así como también de la imposición de medidas curativas.
El Tribunal de Apelaciones estará integrado por tres magistrados que resolverán las impugnaciones que se presenten en primera instancia.
Las tres fases.
El proceso en el SPA contará con las fases de investigación, intermedia y del juicio oral.
La fase de investigación está a cargo del MP, que consiste en investigar el delito o buscar soluciones al asunto a través de métodos alternos de resolución de conflictos.
Es en esta fase que se controla o se legaliza la aprehensión y se formulan los cargos contra una persona.
La fase intermedia es en la que el fiscal solicita o sustenta el sobreseimiento o el llamamiento a juicio.
La fase del juicio oral se da cuando las partes debaten y alegan la inocencia o culpabilidad de una persona basados en los hechos o las pruebas aprobadas por el juez de garantías. Este juicio es ante el Tribunal de Juicio, que estará integrado por tres jueces, quienes deben decidir sobre el imputado e imponer la pena.
IMELCF en el SPA.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses también será parte de este nuevo sistema. El director Humberto Mas explicó que para ambas provincias se contrató un total de 139 personas que se encargarán de la cadena de custodia y peritajes que se requieran para las investigaciones, ya que esta entidad será una especie de asesor científico.
De los 20 millones de presupuesto que fueron asignados, un poco más de la mitad está asignado al SPA.
Mas señaló que están preparados para este nuevo reto en la justicia, aunque aún tienen pendientes algunos equipos que están por llegar al país.
Este nuevo sistema fue adoptado a través de la Ley 63 de 2008.
