La próxima semana la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) presentará al Ministerio de Gobierno y Justicia (MIGOB), el informe de auditoría sobre el estatus de los diferentes certificados de operación extendidos por la institución, afirmó el director de la institución, Pablo Quintero Luna.
Por el momento funcionarios de la ATTT realizan operativos en las calles, lo que ha permitido ubicar una gran cantidad de autobuses sin placa y documentos, por lo que cada caso es evaluado.
Reiteró la advertencia de que los certificados de operación que están amparando autobuses que no cumplan con los requisitos legales y físicos para prestar el servicio corren el riesgo de se ser cancelados.
La ATTT continuará esta semana con los operativos para recabar toda la información necesaria a fin de presentar un informe detallado al ministro Arnulfo Escalona, destacó el director de la entidad.
Por otro lado, manifestó su confianza en que los propios transportistas contribuyan con mejorar la imagen que se tiene de ellos en la comunidad, imponiendo la disciplina en sus piqueras en relación con el uniforme y al llamado pavo.
Al acercarse el centenario de la República, es primordial adoptar los correctivos para mejorar el transporte que ya se encuentra atrasado indicó Quintero.
Destacó que la propia ley que crea la ATTT tiene muchos vacíos que han impedido que la institución alcance los niveles de eficiencia que piden los usuarios.
Precisó que el sistema de cómputo que es fundamental debe ser objeto de una modernización, ya que el actual tiene unos 20 años de estar funcionando.
Reconoció que en el aspecto de modernización la ATTT se encuentra bastante atrasada y con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se busca adecuar la institución al programa de modernización del Estado.
Para el director de la ATTT para lograr la modernización de la entidad se hace necesario introducir reformas a la ley que la creó.
Las declaraciones del director de la ATTT, se dieron en el marco de talleres donde participaron representantes del BID y la comisión permanente para la modernización del Estado.
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