La gestión pública de Manuel Antonio Noriega fue una pesadilla para Panamá. Lo fue para los que creíamos en el civilismo, la democracia y los derechos humanos, también para quienes amaban de veras a Panamá, cualesquiera fueran sus preferencias políticas; llegó incluso a serlo para el grueso de las llamadas Fuerzas de Defensa. Estas incubaron en su contra dos sublevaciones (1988-1989). Al final él ya no confiaba en ellas. Por eso las armas que le proporcionaron los sandinistas y el castrismo para las presuntas guerrillas que él encabezaría no las guardaban en la armería oficial y se pudo calcular que muchos miembros de las Fuerzas de Defensa votaron por la nómina de la ADO–Civilista.
No podemos olvidar lo que Noriega representó sustantivamente: el desprecio por la soberanía popular, la perversión de la soberanía nacional, la disposición de poner en peligro la transferencia del Canal al patrimonio de la nación y la imposibilidad de perfeccionar así nuestra independencia. Por otra parte, en cuanto a los métodos, Noriega hizo uso de los más crueles, desde el asesinato cruel por decapitación hasta las formas burdas de calumnia e injuria, pasando por la complicidad en el narcotráfico y el lavado de dinero, y por la más sistemática y masiva violación de los derechos humanos que nunca se haya dado en Panamá al servicio de una malévola astucia.
Los cuatro gobiernos democráticos que hemos tenido, así como nuestra sociedad civil en sus diferentes etapas después de la caída de Noriega, han adolecido de serias fallas y cometido graves errores de injusticia social y legal, de ineptitud y falta de visión, de corrupción multifacética e indecencia; pero en ningún momento los gobiernos ni la sociedad civil se han acercado, ni de lejos, al grado de maldad que Noriega alcanzó. No ver la diferencia abismal entre la narcodictadura de Noriega y Panamá bajo los cuatro gobiernos democráticos desde 1989 hasta hoy revela una ceguera tan increíble que se hace sospechosa de motivos oscuros y nefastos. No solo por la diferencia cualitativa y cuantitativa en detrimento de la dictadura y del mal cometido, sino también por la diferencia en sentido inverso a favor de la democracia y del bien realizado. Tampoco es confiable la opinión de quienes hablan de ese período de la historia como si nada anormalmente negativo hubiera sucedido en el país.
El desarrollo institucional panameño en el que la Asamblea ni la Corte y mucho menos el Ejecutivo hacen lo que la Constitución les exige y por tanto no encarnan la soberanía nacional es fruto de una regresión impuesta por Torrijos, con ayuda de Noriega, quien al ser entrevistado en una ocasión por la periodista Migdalia Fuentes le dijo: “Yo soy el que soy, a ciencia y conciencia”, atribuyéndose de esta forma a sí mismo la identidad de Dios. Todo este atraso en desarrollo social y humano tuvo un costo que debe ser saldado. La muerte de Torrijos deja su juicio en manos Dios, pero los años de encarcelamiento de Noriega solo lo ponen a paz y salvo con Estados Unidos y con Francia, pero no con Panamá.
Hay quienes hablan del perdón pero olvidan lo que han debido aprender en el catecismo, y es que el perdón requiere condiciones previas para otorgarse, y dos de ellas son la reparación de daño causado y el cumplimiento de la pena impuesta. En el ámbito jurídico solo existe una: el cumplimiento de la pena impuesta en un juicio justo por tribunales competentes. Sin duda se encontrarán quienes faciliten la posibilidad de que él cumpla su condena en Panamá en su propia residencia, y tendría múltiples maneras de incidir sobre la política panameña en detrimento tanto del gobierno como de la oposición. Muchos fueron los que hicieron negocios con él o con él establecieron vínculos que los aventajaban; y no todos están en un mismo partido; me atrevo a decir que los hay en los partidos mayores: Cambio Democrático, PRD y el Panameñista.
Él podría ser una fuente de mayor desprestigio de las estructuras políticas y cívicas del Panamá democrático y favorecer así lo que podríamos llamar el populismo demagógico del tipo Chávez, quien ya tiene en Panamá seguidores y que podrían convertirse en sus aliados. Al divisionismo que generó la dictadura comprometeríamos gravemente el futuro, lo que incrementaría este desprestigio y favorecería que pudieran surgir aventuras extrademocráticas.
Este no es el momento en que por cálculos egoístas, de ventajas personales o partidarias, se deba jugar con la suerte de lo que nos costó tanta sangre y sufrimiento: nuestra democracia civilista.
Por último, hay que recordar que el primer gobierno democrático después de la dictadura desde su primera reunión expulsó a Noriega de la Fuerza Pública panameña, y por lo tanto, le impidió usar el uniforme y rango, tal que debe ser el tratamiento actual.
