Un sobreseimiento definitivo en el caso de supuestas irregularidades en el contrato de comida deshidratada, a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), dictó el juez decimoquinto de lo penal, Leslie Loaiza, a favor de los exministros Lucy Molinar, Federico Suárez y las exviceministras María Fábrega Sánchez y Marta Susana de Varela.
De esta forma se levantan las medidas cautelares impuestas a estos exfuncionarios, que formaban parte de la directiva del PAN, al momento de firmarse el contrato.
El juez decidió llamar a juicio al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, así como a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, al comerciante Rubén de Ycaza, al exjefe de nutrición de la entidad Ángel Famiglietti y a Adolfo De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.
Sobre esta medida, el exvicepresidente de la República Arturo Vallarino consideró que si se demostró que la directiva del PAN no es responsable, menos lo será Martinelli.
"La jurisprudencia indica que los miembros de la junta directiva de una institución no son responsables de lo que hagan los administradores", escribió Vallarino en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, indicó que la presunción de inocencia se debe respetar en todas las etapas que comprende un proceso legal.
Este caso fue llevado por la fiscal segunda anticorrupción Vielka Broce, quien pidió el llamamiento a juicio de los nueve involucrados, por estafa, corrupción, fraude en contrataciones públicas y peculado.
