La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concedió un sobreseimiento definitivo a favor del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, dentro de la denuncia presentada en su contra por la Compañía Nacional de Seguros (CONASE).
Los magistrados de la Sala ordenaron el archivo del expediente, tras establecer que las pruebas presentadas contra Jované por supuesta extralimitación de funciones no tenían sustento jurídico.
El proceso contra Jované se inició a raíz de una denuncia presentada por el jurista Raúl Morrice, representante legal de CONASE y que fuera tramitada por la firma de abogados Rubio, Alvarez y Abrego.
El enfrentamiento entre la CSS y CONASE comenzó tras la aplicación de una multa por B/.1.8 millón a la empresa aseguradora por los retrasos en la construcción del Hospital Rafael Estévez de la ciudad de Aguadulce.
Estas diferencias provocaron que representantes de CONASE presentaran un amparo de garantías constitucionales contra la orden emitida en la resolución de agosto del 2002 del Juzgado Segundo Ejecutor de la CSS, en donde se conde- nó a la aseguradora al pago de B/.1.8 millón.
Los representantes de CONASE estimaron que con la multa aplicada por la CSS se violó el debido proceso por comisión, pero el proceso deberá ser ventilado ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte.
El conflicto tuvo su génesis cuando la compañía Ingeniería, Consultoría y Promociones (INCORPOSA) no concluyó los trabajos de construcción del Hospital de Aguadulce en diciembre de 1997 como se tenía previsto y CONASE, como afianzadora, intervino para concluirla, pero la obra tampoco se terminó en las fechas propuestas.
Entonces CONASE interpuso una demanda de arbitraje para que la Caja le pagara B/.6.6 millones como compensación por las áreas construidas de más y porque, a su juicio, los retrasos en la entrega eran en parte culpa de la propia CSS, ya que se hicieron cambios de última hora en las especificaciones de algunas áreas y faltaban equipos por instalar.
Como respuesta a la demanda de la aseguradora, la Caja le secuestró los bienes el 21 de agosto del 2002, medida que, según CONASE, desconocía la decisión del Tribunal de Arbitraje.
