Nación

Sobreseen a presidenta de la Corte Suprema


La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio un sobreseimiento definitivo a favor de la Magistrada del Primer Tribunal Justicia Elitza Cedeño, a quien se acusaba de los presuntos delitos contra la libertad política, la personalidad del Estado y usurpación de funciones.
La denuncia contra la Magistrada Cedeño fue presentada por el catedrático universitario Miguel Antonio Bernal, quien presentó la denuncia cuando ésta fungía como magistrada de la derogada Sala Quinta de Garantías Constitucionales.
De acuerdo con la decisión de la sala no hay evidencias que vinculen a la magistrada con los delitos imputados y no se aportaron las pruebas correspondientes para las supuestas violaciones incurridas por la funcionaria.
Bernal presentó una denuncia junto a otros abogados contra la magistrados de la Sala Quinta, luego que ésta fuera derogada por la actual administración gubernamental y sus tres integrantes presentaron un recurso para permanecer en el cargo.
En ese momento Bernal argumentó que los tres magistrados de la Sala Quinta querían mantenerse en sus cargos, a pesar que dicha corporación había sido derogada por la nueva administración gubernamental.
Algunos sectores criticaron el nombramiento de personas ligadas al entonces presidente Ernesto Pérez Balladares como magistrados de la Sala Quinta y Garantías Constitucionales, y señalaron que ello podría favorecer a algunos personajes en ese momento ligados al engranaje gubernamental.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia rechazó un Amparo de Garantías Constitucionales presentado por la Magistrada Mariblanca Staff Wilson contra la ley que derogó la Sala Quinta de Garantías Constitucionales.
No obstante, algunos gremios de abogados han señalado la necesidad de establecer alguna corporación para acelerar la evacuación de los recursos de Hábeas Corpus y Amparos de Garantías Constitucionales para mejorar la administración de justicia.
Sin embargo, la Magistrada Graciela Dixon salvó su voto durante la votación del Pleno, bajo el argumento que la ley afecta derechos individuales.


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101 años de Panamá América

 
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