El jurista José De Jesús Góndola solicitó a la jueza decimocuarta de circuito, Doriela Paz de Ortega, que se agilice el pago inmediato del 80% del dinero correspondiente a la primera partida a que tienen derecho los ex trabajadores de la antigua Editora Renovación S.A. (ERSA) en virtud del acuerdo extrajudicial alcanzado por ambas partes y en el que sirvió de garante el defensor del Pueblo, Italo Antinori.
Góndola recordó que con este convenio se acordó liberar el 80% de los 1.5 millones de balboas que corresponden a la primera partida y que el cobro por los servicios profesionales será descontado del 20% restante.
Los 353 trabajadores de la desaparecida empresa tienen previsto cobrar aproximadamente 7.5 millones de balboas en los próximos cinco años.
Recordó que de acuerdo a una declaración notariada el 7 de septiembre del año 2000, se pacta que los trabajadores reciban de forma inmediata el 80% y que el restante 20% sea remitido a su despacho (de la jueza) en disposición de las resultas de la controversia habida entre los abogados.
Según el jurista, en el presente caso se vislumbra una desviación de poder, bajo el supuesto de que al MITRADEL no le era posible cumplir con la orden de embargo, en vista de que para la fecha del 8 de mayo, no habían recibido desembolso que pudiese hacer efectivo la medida decretada.
En la nota, Góndola reclama a la jueza que se han realizado los trámites efectivos conducentes a superar los procedimientos que permitan hacer efectivo el acuerdo extrajudicial.
Afirmó que ante la situación se atenta contra el principio de la independencia judicial, que constituye un pilar fundamental en un Estado de Derecho, porque se permite indebidamente la intromisión del estamento administrativo dentro de un proceso ejecutivo, en que las partes han celebrado una transacción para ponerle fin a toda controversia, lo que sólo está pendiente de la aprobación de su parte.
Recordó que las partidas autorizadas e incluidas en el presupuesto de la Nación, ya fueron asignadas al MITRADEL, para el pago que le corresponde a los trabajadores en concepto de prestaciones, por tanto se hace totalmente irrelevante que dicha dependencia estatal manifieste, para substraerse del desacato, que dichas sumas no han sido desembolsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Finalmente, Góndola conminó a la jueza de Ortega, que le imprima sin más dilación su aprobación al acuerdo celebrado y puesto a la exclusiva consideración de su competencia, sin esperar respuesta de lo que mejor pueda convenir a los intereses ajenos al proceso.
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