Solicitan creación de comisión de la verdad sobre invasión

Con el propósito de crear una Comisión de la Verdad para las víctimas de la invasión a Panamá, el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) planteó una solicitud ante la Defensoría del Pueblo, para que determine una estructura administrativa que establezca una labor de atención a los derechos humanos.
Han transcurrido 16 años de aquel fatídico 20 de diciembre cuando el Ejército norteamericano, en una operación militar y unilateral, irrumpió en territorio panameño para sacar del poder al entonces hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega.
Víctor Atencio, vocero de la comisión, señaló que a pesar del tiempo transcurrido el país mantiene una deuda histórica pendiente con los familiares de las víctimas de la invasión en cuanto al derecho a la verdad, ya que se han cometido múltiples violaciones que empañan la agilización de las investigaciones por parte del Estado panameño.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) calificó de graves estas acciones, porque todavía se desconoce el destino de los restos de las víctimas sin que el Estado garantice respuestas que comprueben datos de lo que sucedió en aquella fecha.
Informaciones de la Iglesia Católica, el Comité Panameño por los Derechos Humanos y el Comando Sur, revelan que son 500 víctimas fatales, mientras el Comité de los Caídos en la Invasión reconoce que fueron 4,000. Por su parte, sectores independientes norteamericanos sostienen que hubo 7,000 muertos.
Atencio explica que estas discrepancias son un delicado atentado a los derechos humanos por no precisar las cifras reales de cuántas personas fueron víctimas de la invasión.
"Por esto, a los Estados les corresponde tomar las medidas apropiadas para hacer efectivo el derecho a los familiares a saber la ubicación de los restos", enfatizó.
Para Atencio es primordial que a través de las capacidades de estructura, personal capacitado y equipos de la Defensoría del Pueblo se establezca una Comisión de la Verdad.
Según el vocero, la medida facilitaría una labor más viable a favor de los familiares de las víctimas y más fácil el desarrollo económico de las funciones, pues no se requeriría presupuesto adicional para nombrar funcionarios para recibir los testimonios de los familiares.
El CIDEM le solicita al defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, que se solidarice con el dolor de las víctimas y contribuya en la adecuada resolución de la inquietud presentada, sin que haya de por medio motivación política.