La Fiscalía Primera Delegada solicitó el llamamiento a juicio del gobernador de Panamá, Eduardo Herrera, por el presunto delito de extralimitación de funciones y abuso de autoridad por ordenar el ingreso de unidades antimotines de la Policía Nacional al interior de la Universidad de Panamá, el pasado 9 de diciembre.
Una fuente judicial reveló que la fiscal primera delegada, Guillermina MacDonald, solicitó el encausamiento del gobernador Herrera al establecerse que fue él quien dio la orden de ingreso de los agentes policiales al campus universitario, sin tener facultad para ello.
La fuente indicó que la fiscal MacDonald remitió el expediente con la recomendación al procurador José Antonio Sossa para que posteriormente sea enviado al juzgado de turno para su correspondiente calificación.
Durante la instrucción sumarial la fiscal MacDonald ordenó la indagatoria del gobernador, luego que éste aceptara públicamente haber dado la orden para la entrada de la Policía a la Universidad de Panamá.
No obstante, durante la indagatoria Herrera negó reiteradamente haber dado la orden de ingreso de las unidades antidisturbios. Sin embargo, en una nota remitida por Herrera, a los jefes policiales se les autoriza a ingresar a los predios universitarios.
A raíz de la violación de la autonomía universitaria, el rector Gustavo García de Paredes interpuso una denuncia ante el Ministerio Público a fin de establecer la responsabilidad por el maltrato cometido contra estudiantes y docentes de ese centro de estudios.
También las diferentes asociaciones de docentes de la Universidad de Panamá interpusieron diversos recursos para que se sancionara a quienes ordenaron y ejecutaron la represión contra los estudiantes.
Por su parte, el catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, mostró ayer su inconformidad con el llamamiento a juicio del gobernador Herrera, debido a que considera que los verdaderos responsables de la violación a la autonomía universitaria "permanecen libres de cargos y gozando de la vida".
Bernal estima que los verdaderos responsables son la ministra de Gobierno, Mariela Sagel, el director de la Policía Nacional, José Luis Sosa y el presidente Ernesto Pérez Balladares.
Según Bernal, con este llamamiento a un juicio no se hace justicia, porque es un hecho público y notorio que el gobernador se prestó para ser un "chivo expiatorio".
A juicio del catedrático, el Ministerio Público debe continuar las investigaciones sobre el tema y no dejarlas "a medio camino".
"Quienes deben ser llamados a juicio son la ministra de gobierno, el director de la Policía y el presidente Ernesto Pérez Balladares, porque tienen una responsabilidad derivada en este caso", comentó.
Sostuvo Bernal que la orden de ingresar a la Universidad de Panamá sólo puede ser dada por la ministra de gobierno o el presidente.
"El hecho es que la autonomía de la Universidad de Panamá fue violada, por lo que los responsables tienen que asumir su responsabilidad y el Ministerio Público hacer las investigaciones como Dios manda", estimó.
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