El defensor del Pueblo encargado, Ricardo Vargas, dijo que el Estado debe garantizar la condición de salud de toda la población penitenciaria.
Las declaraciones de Vargas se dieron luego que el ministro de Salud, Fernando Gracia, señalara que el sistema penitenciario tiene sus propios controles para atender a los privados y privadas de libertad.
Según Gracia, al Ministerio de Salud (MINSA) se le dificulta entrar a los centros penitenciarios, incluso para aplicar una encuesta de salud.
Vargas aseguró que esta posición resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario, donde el MINSA debe coordinar con el Ministerio de Gobierno para que todo centro penal cuente con los servicios de salud.
Entre estos servicios figuran sicología, trabajo social, psiquiatría, odontología, farmacia, laboratorio, paramédicos y ambulancia, además de contar con el personal de salud necesario, coordinados por un médico general, en las clínicas penitenciarias.
Estos señalamientos se efectúan al mantenerse en huelga de hambre desde la semana pasada detenidos extranjeros, quienes demandan ser repatriados a Colombia, al cumplir las dos terceras partes de su condena.
Además han solicitado mejores atenciones en el penal, principalmente en la prestación de asistencia médica.
Por su parte, Gracia señaló que el Sistema Penitenciario tiene sus propios controles de salud y cuando se agrava el estado del detenido, entonces se le asistencia especializada a través del Hospital Santo Tomás.
Explicó que a los detenidos con SIDA y tuberculosis se les ha sometido a tratamientos médicos entre los 6 y 9 meses, que debería ir acompañada de una buena alimentación.
Enfatizó que están anuentes a apoyar la salud dentro del sistema penitenciario, con las hospitalizaciones, consultas externas y urgencias.
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