Una investigación penal contra el fiscal segundo de Drogas, José Abel Almengor, solicitó la Corte Suprema de Justicia, luego que mantuviera la detención por seis meses del ciudadano Ricaurte Mena, sin que existiera una orden.
Al resolver un recurso de hábeas corpus presentado por el abogado Bruno Justavino Peralta, la máxima corporación de justicia estimó como "deleznable" su actuación, ya que esa fiscalía omitió lo que la Constitución y la ley le imponían de poner en libertad al detenido.
La Corte estimó como "grave" la actuación del funcionario de instrucción, debido a que mantuvo la detención de Mena bajo la figura de custodia preventiva, que no existe en el ordenamiento jurídico.
Señalan que el comportamiento de la fiscalía constituye una práctica no jurídica que amerita la apertura de una investigación de carácter penal.
Al resolver el hábeas corpus, la Corte compulsó copia al Ministerio Público de lo actuado dentro del expediente, como lo establece el artículo 1996 del Código Judicial.
El arresto de Mena se produjo el 29 de junio de 2005 a raíz de una orden emitida por el entonces fiscal de Drogas, Rosendo Miranda.
Miranda emitió el oficio No. FD-0-3155-2005 de junio de 2005 en donde ordenó la custodia preventiva.
