Una investigación de oficio para determinar si en realidad funcionarios de la Dirección de Tránsito del Ministerio de Gobierno ofrecieron cupos de taxis y colegiales a los legisladores a cambio de la aprobación de la Ley del Transporte, solicitó ayer el subsecretario general de la Asamblea Legislativa, José Dídimo Escobar.
Instó además a la legisladora de oposición, Mariela Jiménez, a que presente una acusación formal y haga llegar a las autoridades competentes los indicios o pruebas que sustentan su denuncia de que funcionarios del Tránsito ofrecieron a legisladores cupos de taxis y de buses colegiales a cambio de votos.
Escobar indicó que de comprobarse los ofrecimientos a los legisladores, estos actos se constituyen en un "irrespeto imperdonable" a la Asamblea Legislativa como primer órgano del Estado panameño.
Recordó que el presidente de la Asamblea, Gerardo González, dijo el martes que si hay un solo caso en que se compruebe que un legislador está involucrado en este ilícito, "de inmediato" se le abrirá un expediente que se remitirá a la Comisión de Credenciales para las investigaciones del caso.
Corresponde a las autoridades judiciales iniciar la investigación e informar a la Asamblea Legislativa si en realidad hubo tal ofrecimiento a los legisladores y en este caso ordenar las respectivas sanciones a los que resulten responsables.
Escobar dijo que él en lo personal desconoce si a lo interno del Departamento del Tránsito hay o no corrupción, pero ha escuchado algunas denuncias de venta de cupos que se hacen a través de los medios de comunicación social.
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