La Asociación de Distribuidores de Gasolina y Derivados de Petróleo (ADIGAS), la Unión Nacional de Gasolineras (UNIGAS) y la Cámara Nacional del Transporte solicitaron a la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa la aprobación de un proyecto de ley para el mercado de hidrocarburos en Panamá.
Durante su comparecencia a la Comisión, los gremios mencionados entregaron una a los legisladores en la cual expresaron su descontento con la existencia de un "monopolio" en el segmento de refinación, toda vez que está supeditado el contrato que existe entre el Estado y la Refinería Panamá, y el que impide la entrada de nuevos proveedores al mercado.
Mencionaron que por la situación existente, el más perjudicado en el público consumidor, porque hasta el momento no ha logrado beneficiarse con la rebaja en el precio que se prometió al momento en que se empezó a aplicar la política de liberación de hidrocarburos.
Se mostraron también en desacuerdo con una protección del 20% sobre el costo del producto que se otorga a través del contrato y que supuestamente debe decrecer a razón de un 1% anual, hasta llegar a un tope del 5%.
Básicamente lo que se requiere es la existencia de una legislación como la que hay en muchos otros países para regular el negocio de la distribución al por menor y al por mayor del combustible.
Sumado al "monopolio" que según estas organizaciones, mantiene la Refinería Panamá, denuncian a las compañías de distribución al por mayor, manejado por algunas empresas petroleras.
Los miembros de ADIGAS, UNIGAS y los transportistas expresaron que "da la impresión" de que el problema se ha llegado a manejar políticamente, ya que cada vez que desean incursionar en algún tipo de legislación, "se crean barreras para la discusión de este tema y se desestima el proyecto".
Dentro de la política de hidrocarburos establecida en 1987, no hay nada que regule las relaciones que existen entre los participantes de las diversas fases de la comercialización de los productos derivados del petróleo.
Las organizaciones a través de la nota entregada a cada uno de los miembros de la Comisión de Comercio indicaron que la política de liberación del mercado del petróleo organiza sólo los segmentos relacionados con la producción, refinamiento, importación y exportación, y deja a un lado los segmentos de venta al por mayor y al detal.
Señalan que por la situación existente, el mercado se ve influenciado por las empresas mayoristas que operan en nuestro país, así como por el poder económico y de mercado que ostentan.
Los denunciantes destacan que las normas vigentes han permitido que las compañías petroleras hayan instalado sus propias gasolineras, lo que ha llevado a la quiebra a un 20% de las estaciones que existían.