El secretario de Defensa de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, pidió a las autoridades judiciales promover las legislaciones pertinentes para castigar penal y civilmente a los políticos que como altos funcionarios públicos afecten al Erario, con malas decisiones administrativas. Indicó que en otras latitudes, el funcionario que en el ejercicio de sus cargos se extralimita o abusa contra terceros, responde personalmente de manera pecuniaria tanto civil y penalmente.
"En Panamá desafortunadamente no es así y es patente de corso para que las personas que administran el Estado, hagan lo que le da la gana e irrespeten las leyes, porque al final ellos no pagan, sino la sociedad en su conjunto", enfatizó.
Precisó que debido a esta situación la FENASEP considera muy oportuno que se revise el procedimiento en Panamá, de tal manera que se pueda castigar a los detractores de la ley, a los políticos inescrupulosos que cometen estos desafueros, que después le ocasionan graves consecuencias económicas al Estado, es decir, a toda la sociedad.
Berrocal recordó que está en la historia que el actual candidato presidencial Guillermo Endara, quien cuando fue presidente de la República emitió un instrumento jurídico espurio, como lo fue la Ley 25 con la cual se despidieron a más de 200 funcionarios públicos.
Sin embargo, esta ley motivó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a condenar al Estado panameño, como un estado violador de los derechos humanos y al pago de una indemnización millonaria a los ex funcionarios afectados.
"Allí se desembolsaron más de 11 millones de dólares, pero todavía los reclamos de los trabajadores andan por encima de los 47 millones de dólares, por lo que todavía esto no es caso cerrado", destacó.
Manifestó que producto de estas pésimas decisiones el Estado tendrá que desembolsar otra cifra millonaria a por lo menos 2 mil ex funcionarios públicos, al transcurrir el tiempo de las autoridades de Carrera Administrativa para resolver sus recursos de apelación.
Además de estos casos se encuentran los pagos por encima de 20 millones de dólares que debe hacer el Estado a una empresa venezolana, por la no conclusión del proyecto de construcción del puente Van Dam y otros seis millones que hizo efectivo el Estado a una empresa que tenía previsto la provisión de equipos telefónicos al país, contrato que se vio interrumpido tras el proceso de privatización de la telefonía en Panamá.
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