El fiscal segundo de circuito, Luis Martínez, solicitó la condena y la pena máxima para la ex subdirectora de Pasaportes, Ilsa Córdoba, y otras tres personas por el presunto delito de falsificación de documentos, mientras que la defensa de los imputados solicitó la nulidad del proceso.
Durante la audiencia celebrada ayer en el Juzgado Noveno de Circuito, el fiscal Martínez alegó que existen evidencias dentro del expediente que vinculan a los sindicados con la falsificación de ocho pasaportes que serían otorgados a ciudadanos de origen colombiano.
En su alegato, la fiscalía solicitó la condena de Francisco Castañeda, José Canela y Anit de Melgar, quienes están señalados de haber alterado una serie de pasaportes, que luego fueron traspasados a terceras personas.
Sin embargo, el abogado Emidio Manzané solicitó la nulidad de todo el proceso, luego que durante la audiencia varios de los testigos aceptaran que sólo habían tenido informaciones de referencia sobre la falsificación de los documentos.
Manzané aseguró que los testigos entraron en abiertas contradicciones sobre la presunta participación de los sindicados en la alteración de los documentos. A la vez alegó que firmaron sus informes por exigencia de sus superiores.
El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por la directora de Pasaportes, Carlota de Allen, ante la Fiscalía Auxiliar que giró una orden de conducción y está relacionada con una investigación que adelantaron funcionarios de la fiscalía y la PTJ por la expedición de pasaportes con información falsa.
Las pesquisas adelantadas por la PTJ y la Fiscalía Auxiliar determinaron que algunos pasaportes fueron utilizados para efectuar transacciones fraudulentas y éstos fueron elaborados con información falsa.
Una fuente ligada a la investigación reveló que las pesquisas contra Córdoba se iniciaron luego que una funcionaria de la Dirección de Pasaportes informara a la actual directora Carlota de Allen de ciertas irregularidades en la emisión de algunos pasaportes.
La fuente precisó que dentro del expediente se acreditó la existencia de más de 8 pasaportes adulterados, tras señalar que Ilsa Córdoba negó toda vinculación al caso. También se citó a otros funcionarios presuntamente implicados.
Córdoba fue destituida en el mes de enero por instrucciones directas de la directora de esta entidad, Carlota de Allen, y se remitió una serie de documentos a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para determinar la posible comisión de delitos.
