El Fiscal Auxiliar, Carlos Augusto Herrera, solicitó ayer al presidente, Ernesto Pérez Balladares que vete la nueva Ley de la Policía Técnica Judicial por considerarla contraproducente y por los efectos nocivos que causará en el futuro inmediato.
Herrera envió un carta pública al mandatario en la que explica su punto de vista con respecto a las reformas aplicadas por el Organo Legislativo a la Ley Orgánica de la PTJ y que reproducimos íntegramente:
Doctor Ernesto Pérez Balladares
Presidente de la República
Señor Presidente :
Después de pensarlo detenidamente, acudo ante usted, a fin de solicitarle en mi propio nombre y a nombre de las personas desposeídas y sujetas en la Policía Técnica Judicial (PTJ) a las investigaciones penales, que escuche esta sustentación y considere
La posibilidad de vetar la reciente ley que reforma dos artículos de la ley 16 de 9 de julio de 1991 y que debe estar enviando la Asamblea Nacional para su rúbrica. Estoy convencido de su contraproducencia y el efecto nocivo que causará a largo y corto plazo.
Señor Presidente, durante todo el período de discusión de la citada ley, intenté llamar la atención a los legisladores, por todos los medios, para que se consultara a fondo de los cambios. Pensé en la posibilidad de una Cortesía de Sala para esgrimir la posición del Ministerio Público. No hubo respuesta. No fue posible que nos permitieran explicar las razones de nuestra oposición. En el mismo orden de ideas y con idénticos resultados, enviamos sendas cartas a los candidatos Martín Torrijos y Laurentino Cortizo. Estas cartas llevaban la intención implícita de frenar el desatino, considerando que esta bancada definiría el destino de la ley.
Expuse públicamente mi postura en este caso. Con cinco años frente a la Fiscalía Auxiliar de la República me siento comprometido con mis obligaciones legales y morales. Sin embargo, en ningún momento escuché al actual Director de la PTJ, que parece por el contenido de la reforma y su silencio, el interesado en manifestarse a favor del proyecto. En fin, el argumento que se trasluce entre el resto de los que apoyaron estos cambios, es el exceso de poder atribuido al Ministerio Público panameño. Se esgrime en este sentido, sin un adecuado sustento.
Hay un cúmulo de definidas normas de contención que limitan ese anunciado poder. Considero que la fiebre no está en la sábana y que si se necesita una reforma, no es precisamente de estos artículos. Nosotros como Ministerio Público, somos ejemplo con el modelo actual de funcionamiento para otros países que todavía trabajan con jueces de instrucción, lo que hace sumamente onerosa la administración de justicia.
Otro patrón resulta en caso de la República de Chile, que en algún momento, lleno de entusiasmo, eliminó el Ministerio Público y ahora con la experiencia adquirida, lo están nuevamente restituyendo.
Recuerdo señor Presidente, al principio de este gobierno, las quejas reiteradas del legislador Gerardo González sobre la manipulación de unas pruebas y del mismo modo, recuerdo que en esos momentos el Director de la PTJ, estaba bajo la égida de la Corte Suprema de Justicia.
Y no es que sea contraproducente que el máximo poder judicial tenga una participación de esta naturaleza, lo malo es que no se pueda efectuar un real control judicial sobre las investigaciones en esta delicada etapa preliminar. Con esta reforma, los que vigilan el recto manejo de la ley deben tener la suficiente inmediación para lograr el objetivo lo que por la naturaleza de la operación recae en nosotros como Ministerio Público y también, la disposición de nombrar y destituir a sus componentes.
La Policía Técnica Judicial hay que fusionarla con el Ministerio Público. Tenemos y debemos convertirla en una herramienta al servicio de la investigación científica y judicial. La ley sustantiva hay que integrarla al Código de Procedimiento Judicial. Al Director hay que definirle su labor exclusivamente como aparece en su esencia, la de mero administrador del cuerpo colegiado, en otras palabras, hay que reformar integralmente toda la ley, tanto en su parte orgánica como sustantiva. Esta reforma a la que nos oponemos rotundamente, en nada beneficiará al colectivo, más bien, se convertirá en un ancla de atraso. Hay mil razones para argumentarlo señor presidente. Nosotros podemos sustentarlo porque estamos en la boca del cráter.
Con el mayor de los respetos:
Carlos Augusto Herrera
Fiscal Auxiliar de la República
