Los seis exmagistrados y el exsecretario de la Sala Quinta pueden enfrentar penas de entre 15 y 20 años de prisión, luego que legisladores de gobierno y un grupo de abogados presentaron sendas denuncias en su contra ante el Ministerio Público por los supuestos delitos contra la personalidad jurídica del Estado, las libertades políticas y usurpación de funciones.
Los denunciantes solicitaron al Ministerio Público que ordene la detención inmediata de los tres magistrados principales de la Sala Quinta y sus suplentes.
El Legislador de la bancada de gobierno, Francisco Ameglio, presentó una demanda contra estos seis exmagistrados por la violación de los artículos 343, que se refiere al abuso de autoridad; el 333, relativo a la usurpación de funciones y el 302 del Código Judicial sobre obstrucción del funcionamiento de un Organo del Estado.
La denuncia sostiene que los exmagistrados pasaron por encima de la Ley al tratar de detener el derecho a reunión de la Asamblea Legislativa y que el Código Judicial establece sanciones claras para este tipo de conductas.
El abogado Luis Fuentes Montenegro aseguró que ha aportado pruebas contundentes sobre las irregularidades de los exmagistrados de la Sala Quinta y que al Ministerio Público le corresponde aceptar la denuncia y eventualmente ordenar el arresto por su actuación dolosa en el ejercicio de sus funciones.
Paralelamente el asesor presidencial Miguel Antonio Bernal, los abogados Guillermo Morales y Marta Carrillo Brux presentaron una segunda denuncia con los exmagistrados de la Sala Quinta por haber promovido un amparo de garantías constitucionales contra la Asamblea Legislativa por la aprobación en segundo debate del proyecto de Ley No 3 de 13 de septiembre por la cual se deroga esa instancia judicial.
Los denunciantes señalaron que a pesar que la ley que creó la Sala Quinta fue derogada los exmagistrados continuaron en sus puestos. Agregaron que los miembros de esa corporación violaron el artículo 147 de la Constitución Nacional en donde se establece que quien paralice el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos será sancionado con prisión de 6 a 20 meses y de 15 a 100 días multa.
También señalaron que los exmagistrados incurrieron en el delito de atentar contra la personalidad interna del Estado, ya que intentaron impedir el funcionamiento del Organo Legislativo en la formación de leyes y que éste delito tiene pena de 1 a 4 años de prisión.
ASAMBLEA SATISFECHA
En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, expresó ayer su complacencia por la actitud asumida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que reconocieron la ley que deroga la Sala Quinta de este órgano del Estado.
Añadió que no existe ninguna intención de parte de la Asamblea Legislativa de enfrentarse con la Corte Suprema de Justicia, pero advirtió que no pueden permitir que se impida la labor constitucional de legislar que es la razón de ser del Organo Legislativo.
Garrido dijo que con esta acción, asumida ayer por la Corte, se demostró que era improcedente la orden emitida por la Sala Quinta que pretendía suspender la sesión en la cual se discutía en segundo debate el proyecto de ley mediante el cual se derogó esta instancia judicial.
El presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que al momento que la Sala Quinta acogió el amparo de garantías presentado por los magistrados de esta instancia judicial, se reconocía legalmente un acto que atentaba contra el funcionamiento de este órgano del Estado.
Mientras que el pleno legislativo aprobó ayer en segundo debate un proyecto de ley mediante el cual se decreta que la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver en un plazo no mayor de nueve meses las consultas de constitucionalidad, presentadas por cualquier ciudadano.
A través del proyecto dispone que en el caso que la Corte no resuelva en dicho término la consulta, se entenderá que la misma ha sido rechazada en pleno derecho.
Se dispone en el proyecto que esta norma es de orden público e interés social por lo cual tendrá efectos retroactivos, por lo que algunos legisladores consideran que sería aplicable al magistrado José Manuel Faúndes.
El caso del magistrado Faúndes está pendiente de que la Corte Suprema resuelva un recurso de constitucionalidad interpuesto desde el año 1997.
Al momento de votar este proyecto en segundo debate, los 25 legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que se encontraban presentes en el recinto se abstuvieron de votar y la norma sólo recibió el voto favorable de los 36 legisladores del oficialismo.
EN PRO Y EN CONTRA
En tanto el Presidente del Colegio Nacional de Abogados César Guevara expresó que la decisión asumida ayer por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue "equilibrada y que demuestra la legalidad de la actuación de la Asamblea Legislativa".
Guevara criticó la acción de los exmagistrados de la Sala Quinta al tratar de resolver en causa propia un conflicto judicial del que eran parte y que ello era un intento de subvertir los principios de una correcta y normal administración de justicia.
A su vez la exmagistrada de la Corte Aura Emérita Guerra de Villalaz consideró "justa y equilibrada la acción del Pleno y que la expedida por Asamblea se apegó a todas las reglas existentes en la jurisprudencia nacional".
Explicó que en caso de declararse inconstitucional la ley que derogó la Sala Quinta mediante la presentación de una advertencia de inconstitucionalidad "ello no restablece la ley anterior, es decir no se resucita la ley derogada".
Detalló que sería necesario la presentación de una nueva legislación para crear esa instancia y que ello por ahora es poco probable".
En tanto el exprocurador Rafael Rodríguez calificó como pecaminosa la actuación de los exmagistrados de la Sala Quinta, quien aseguró actuaron cínicamente al promover un amparo que fue acogido por ellos mismos.
Por otro lado, el abogado Carlos Carrillo anunció para hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que derogó la Sala Quinta, ya que según su apreciación contiene claros vicios en su conformación.
Mientras que el expresidente del Colegio de Abogados, José Alberto Alvarez, señaló que desconoce en base a qué precedente la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de esta forma, aunque apuntó que la decisión de este organismo es inapelable.
"Los funcionarios judiciales no pueden emitir opiniones si no le han presentado ningún recurso, desconozco cómo entraron a interpretar esta ley", planteó Alvarez.
Alvarez manifestó que esta situación ha creado una atmósfera de "inestabilidad jurídica" en el país e inclusive que ha trascendido las fronteras, porque varios juristas internacionales han llamado para ver qué está pasando en Panamá.
"El país amaneció hoy con una pugna de poderes para ver qué prevalecería si la decisión de la Corte o de la Asamblea Legislativa", sustentó Alvarez.
El jurista afirmó que la presidenta de la República, Mireya Moscoso el próximo mes de diciembre tiene la "oportunidad de oro" y es darle al país un nuevo sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte que sea en base a los méritos sin partidismo político ni amiguismo.
"Hay que darle la oportunidad al país y no seguir nombrando los magistrados de a dedo, porque esto provocará que nadie crea en los tribunales de justicia", reiteró Alvarez.
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