Los contadores públicos independientes muestran su oposición a la posibilidad de que una auditoría a los fondos que maneja la Tesorería del Municipio de Panamá sea efectuada por un equipo externo, pues el trabajo lo deben realizar funcionarios de la Contraloría General de la República.
Los profesionales sustentan su posición en el hecho de que por mandato constitucional y legal, compete tal función a la Contraloría, mencionando igualmente el hecho de que de esta forma el Estado se evita una importante erogación del dinero pagado por los contribuyentes.
Indican que no se debe permitir tal auditoría externa basada en argumentos de "imparcialidad", porque ello va en detrimento directo de la credibilidad y confianza en la entidad encargada de las finanzas públicas.
En el conflicto administrativofinanciero que mantiene enfrentados al Tesorero Municipal conjuntamente con el Consejo capitalino y la Alcaldía de Panamá, los contadores señalan que corresponde únicamente a la Contraloría General cumplir con sus funciones y ejecutar una auditoría profunda y detallada.
Para efectos de llevar adelante esta misión, los profesionales que integran el Movimiento de Contadores Públicos Independiente se ponen en disposición del Contralor General, "en beneficio de las instituciones públicas y privadas", a través de una carta que dirigen al titular Aristides Romero.
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