El Instituto de Ecoauditoría de Impacto Ambiental y Riesgos a la Salud, solicitó ayer al gobierno nacional que establezca en Panamá el delito ecológico para sancionar penalmente a todas aquellas personas que atentan contra el ecosistema.
Javier Quiroz Murillo, director del instituto, señaló que la tipificación de este delito se debe lograr antes del 31 de diciembre, ya que después de esa fecha el gobierno panameño recibirá el control total del Canal de Panamá.
Hay que tener presente que a partir de esa fecha Panamá tendrá que hacer mayores esfuerzos de los actuales para preservar los recursos naturales.
Quiroz manifestó que el principal recurso y fuente de abastecimiento del Canal de Panamá es justamente el agua que se genera en la medida en que se preserva el ecosistema que rodea esta vía de tráfico marítimo internacional.
Para preservar estos recursos se hace necesaria la creación de una ley que sancione "severamente" a quienes atentan contra el medio ambiente y que además incluya multas que vayan de acuerdo al daño causado, para que el Estado pueda crear un fondo de recuperación.
Según una propuesta elaborada por el Ministerio Público, la que hasta el momento no ha sido presentada a la Asamblea Legislativa, se establecen penas de dos a seis años para quienes atenten contra el sistema ecológico.
Quiroz cuestionó además la negativa del Gobierno a otorgar al Ministerio Público los fondos necesarios para que empiecen a funcionar las fiscalías ecológicas que fueron creadas por ley, las que no han podido empezar a funcionar por falta de presupuesto.
La propuesta elaborada por el Ministerio Público dispone que el capitán de un buque que haya provocado fugas o descargas, sustancias tóxicas u otro elemento contaminante o degradante para el medio lacustre, su flora marina y la fauna, será sancionado con uno o tres años de prisión.
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