El legislador Elías Castillo propuso un proyecto de ley para que cada primero de marzo, el presidente de la República presente ante el pleno de la Asamblea Legislativa un informe detallado de la gestión financiera de su gobierno.
La propuesta dispone que además del informe verbal o el usual discurso, el mandatario debe presentar por escrito un informe pormenorizado en el cual debe estar el detalle de las partidas utilizadas y se entregará una copia a cada legislador.
El informe debe tener el aval de la Contraloría General de República que debe presentar la información sobre la fiscalización de los fondos asignados.
Indicó que según lo dispone la norma vigente, cada primero de marzo el presidente de la República debe presentar un informe a la nación, pero lo ideal sería que presentara un informe detallado sobre la gestión financiera del gobierno.
Mencionó que el informe que presenta el mandatario al iniciar cada período de sesiones ordinarias, se convierte en resumen de obras en el que sólo se presenta lo que el gobierno quiere que la gente conozca.
No puede ser que la situación siga como hasta ahora y que el mandatario presente un discurso retórico que en realidad no dice nada de lo que al país le interesa saber.
Dijo que de aprobarse la propuesta, el mandatario debe presentar un informe detallado en el cual especifique el uso que se le ha dado a cada centavo asignado a las instituciones a través del Presupuesto General del Estado.
Mencionó que si ya se hubiera aprobado este proyecto de ley, se habría evitado el problema surgido con las reclamaciones que se hacen a la presidenta Mireya Moscoso sobre el uso de su partida secreta.
Entonces si algún ciudadano o medio de comunicación está interesado en conocer la forma en que Mireya Moscoso o cualquier otro mandatario ha utilizado estos fondos, que se presente a la Contraloría de la República y solicite las explicaciones del caso.
Lo importante es que los fondos hayan sido utilizados en el marco de lo que establecen las leyes y la Constitución Nacional para la disposición de los dineros del Estado.
En el caso que el uso de este dinero se haya dado en el marco de lo que establecen las leyes entonces no hay nada que cuestionar.
Mientras tanto, el ex director de Ingresos, Rolando Mirones, sostuvo que el término discrecional no significa "que voy a hacer lo que quiera con ese dinero, y que nadie debe saber en qué fue utilizado".
La mayoría de los panameños desconocen en qué los presidentes utilizan estos millones de dólares, acotó. Lo cierto es que el presidente de la República debe tener la responsabilidad suficiente para poner como administrador de esos fondos a una persona que sepa distinguir entre lo correcto y lo perjudicial, explicó.
Añadió que por ley, el Ministerio de la Presidencia es el encargado de administrar esta partida, pero un funcionario en específico las fiscaliza dentro de esa institución.
Precisó que en el caso del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, este funcionario era Rómulo Abad, quien fungía como secretario privado y que actualmente sigue laborando con el ex mandatario en sus oficinas.
Rolando Mirones añadió que el tabú en torno al tema de la partida discrecional surge porque ésta no tiene un control previo, sino posterior a su utilización.
El problema es que quien se encarga de fiscalizar el uso de estas partidas es nada más y nada menos que el Contralor de la República y quien "es colocado en el cargo por el Presidente", agregó.
Para Mirones, es en este proceso de fiscalización que se pude evadir algún tipo de responsabilidad, es decir, introducir gastos que no tienen correlación con la actividad presidencial. "Esto significa que se puede utilizar el dinero para actos que no son avalados por la ley", acotó.
"Este control posterior debe realizarse del modo más analítico posible, en base a facturas y otros antecedentes que permitan establecer que el dinero no fue utilizado irresponsablemente", añadió.
Este fondo sale de las personas que pagan todos sus impuestos, quienes necesitan una respuesta de cómo se utiliza el dinero que se les cobra anualmente, expresó Mirones.
Esta partida le da cierta capacidad de respuesta a un presidente de la República para atender situaciones de urgencia e imprevistos, apoyando a las comunidades de manera inmediata, explicó a El Panamá América, René Luciani, ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
René Luciani comparte la opinión de que, cualquier partida asignada en el Presupuesto General del Estado debe ser objeto de examen por parte de la Contraloría General, hay que ser más transparentes porque la sociedad tiene que estar informada del uso de estos dineros.
"La Ley de Transparencia obliga a todo aquel funcionario que maneje cuentas a que le rinda un informe a la Asamblea Legislativa anualmente y debe rendir un informe de ejecución presupuestaria", agregó.
"Agregaría que no estoy en desacuerdo con esas partidas de uso discrecional por parte del Ejecutivo, siempre y cuando estén destinadas al estricto cumplimiento de los fines del Estado" añadió el ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
Luis Laguerre, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, sostuvo que una auditoría no va sobre todos los detalles, sino de manera selectiva, por lo que definitivamente uno de los elementos más importantes es la documentación sustentadora, como son las facturas.
Se mostró muy cauteloso al referirse al tema de la partida discrecional y admitió que no conoce a profundidad el tema. No obstante, dijo que una auditoría debe comprender la verificación de que lo que se compra llegue al destinatario, y sea para los fines descritos. Es un concepto más amplio que la simple parte numérica, al incluir aspectos cualitativos.
Se abstuvo de comentar si puede haber truco contable, aunque considera que no ve que haya elementos que se presten para ello cuando se maneja con la transparencia debida.
