La polémica sobre la aplicación de la Ley No. 61 de 1998 (Ley Faúndes), modificada posteriormente por la Ley 70 de 26 de diciembre de 1998, cada vez se agudiza más.
Muchos ciudadanos cuestionan el hecho de que a algunos funcionarios se les impide seguir laborando después de los 75 años, mientras a otros ni siquiera se les hace un llamado de atención porque son "fichas claves" de altas personalidades del Gobierno.
El contralor Dani Kuzniecky informó ayer a través de un vocero que Manuel Solís Palma, quien tiene 89 años, es una de las excepciones que hace la Ley Faúndes. Según manifestó, esta norma se refiere exclusivamente a los servidores públicos y no hace referencia a los asesores que laboran por servicios profesionales.
La norma establece que: "los servidores públicos nombrados en cargos de los Órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y en los municipios, salvo los de elección popular, así como en las entidades autónomas y semi autónomas, que tengan 75 años de edad, deberán retirarse definitivamente del servicio público y acogerse a la pensión de vejez a que tengan derecho.."
En base a esto, Kuzniecky sustenta de que Solís Palma no tiene inconveniente para seguir prestando el servicio. Además, este funcionario no aparece en la planilla estatal aunque sí en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo.
Este medio trató de contactar vía telefónica al Procurador de la Administración, Oscar Ceville, para consultarle sobre el tema pero no devolvió la llamada.
Solís Palma, quien alcanzó la presidencia a los 71 años, y su período presidencial tuvo una duración de 1 año y 6 meses, del 26 de febrero de 1988 al 30 de agosto de 1989, está próximo a cumplir 90 años, y su permanencia en el Ministerio de Educación ha sido justificada por el titular de la cartera, Miguel Ángel Cañizales.
Según el ministro, el problema de la educación requiere de los mejores hombres, capaces y con experiencia, si lo que se busca es una mejor educación para el país, sin importar la edad.
Al respecto, el ex magistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, indicó recientemente que las autoridades estaban interpretando la ley de manera equivocada.
"La Ley es clara y establece la figura de la exclusión sólo para los servidores públicos seleccionados por elección popular", manifestó en su momento el jurista.
Por estas incongruencias, conocedores del tema alegan que si a Solís Palma se le deja en el puesto, lo mismo debía de suceder con otros servidores.
Actualmente, se le ha aplicado la Ley Faúndes a los ex magistrados José Manuel Faúndes y César Pereira Burgos, así como a profesores universitarios.
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