- 59 número de la ley que establece la multa y sanciones para quienes incumplen con la medida.
Martinelli cuestiona interrogatorio sin prueba alguna de la Asamblea
- El expresidente de la República Ricardo Martinelli reiteró ayer su preocupación por la forma en que se busca empañar su gestión de gobierno y los cuestionamientos hechos sin pruebas contra la contralora Gioconda Torres de Bianchini. “Hay que corregir muchas cosas en Panamá, pero da risa ver a muchos que no pueden tirar la primera piedra y cuestionar sin prueba alguna por doquier”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. Calificó de show político y circo en la Asamblea Nacional, la forma en que se citó a la funcionaria y cuestionó que si el anterior presidente, Sergio Gálvez, hubiese tirado gas lacrimógeno en las graderías durante su administración, habría todo tipo de críticas. “En vez de estar en el circo, show y persecución política, Varela debería dedicarse a superar el estancamiento económico que se palpa en Panamá”, expresó Martinelli, al sostener que los “pájaros están disparando a la escopeta” y debe trabajarse más.
Entre julio y agosto del presente año, solo 378 servidores públicos del nuevo gobierno de un aproximado de 10,000, han enviado copia autenticada de la declaración de sus bienes a la Contraloría General de la República.
Así lo aseguró la contralora Gioconda Torres de Bianchini, al ser cuestionada por los diputados sobre el balance de las declaraciones de bienes hechas por la administración anterior y la actual.
Funcionarios de la institución explicaron que la cantidad total de agentes de manejo que deben entregar copia autenticada de su declaración de bienes, es variable, ya que tanto directores como secretarias deben pasar por este procedimiento y, sobre todo, quienes manipulen cajas menudas con fondos estatales.
Torres de Bianchini explicó que desde 1999 cuando se creó la Ley 59 que regula la declaración de bienes, 12,670 servidores cumplieron con el requisito.
De esta cantidad, 2,840 corresponden a aquellos que laboraron durante los gobiernos de Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos (2004-2009).
Mientras, en el periodo de julio de 2009 a junio de 2014, la cifra ascendió a 9,452.
Según la contralora general, la única sanción que ha podido aplicar es el retiro de los emolumentos a unos 8,813 funcionarios que incumplieron en las dos primeras administraciones en las que tuvo vigencia la ley.
“Estamos reiterando la circular mediante la cual se les recuerda a todos los servidores públicos con mando y jurisdicción, así como a los empleados de manejo que deben cumplir con lo que establecen nuestras normas, todo el que maneje cajas menudas o cualquier dinero tiene la obligación de presentarlos”, aseguró.
Sin embargo, reconoció que es poco lo que se ha podido hacer en materia de sanciones.
La única que ha podido aplicar es la retención de cheques, sin embargo, la multa a la que hace referencia la Ley 59 no se ha ejecutado, porque según la contralora, no está reglamentada.
“Si bien es cierto que la Ley 59 en su artículo cuatro, párrafo segundo señala que al término de sus funciones será sancionado con multa, esa norma no ha sido reglamentada a la fecha y por tanto no se ha aplicado multa”, explicó.
El abogado Ernesto Cedeño deplora la actitud de los nuevos funcionarios que no han entregado copia de su declaración de bienes y lo consideró como una violación “flagrante” de la ley. “Es algo totalmente desacertado que no hayan presentado su declaración de bienes”.
No obstante, Cedeño advierte que la contralora puede ser objeto de denuncias ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por omitir sus funciones al no aplicar las sanciones de multas que establece la Ley 59. “El hecho de que no se ha reglamentado la ley no es que está inaplicable”, advirtió.
Cedeño sostuvo que de Bianchini está en la potestad de retirar inmediatamente los emolumentos a los funcionarios vigentes que violan la ley y de aplicar la multa con una medida supletoria, a través de la Ley 38 del 2000. “Ella tiene la potestad para emitir multas garantizando los derechos humanos”.
Citación
En su segundo día de rendición de cuentas a los diputados, la contralora dijo que hay personal desarrollando auditorías en 26 juntas comunales y se solicitó información en otras 26.
Durante la comparecencia de la contralora de la República anoche, el diputado panameñista Luis Barría presentó una propuesta de remover a esta funcionaria mediante una resolución.
La solicitud que además de la firma de Barría tenía la de Ana Matilde Gómez, Luis Eduardo Quirós, José Luis Castillo y Adolfo Valderrama, planteaba pedirle a la Corte Suprema de Justicia que remueva a la contralora, mientras falla de fondo sobre su gestión. No obstante, la propuesta no contó con el aval de la bancada del PRD. Por su parte, el mandatario Ricardo Martinelli escribió en su Twitter: “El diputado Barría fue acusado por copartidarios de cobrarles comisiones para él y su política. Por eso boté a ese delincuente del Gobierno”.
