El presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, consideró que la convocatoria a sesiones extraordinarias hecha por el Organo Ejecutivo es innecesaria, y entorpecerá las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público sobre el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).
Arosemena planteó que la convocatoria realizada por la presidenta Mireya Moscoso carece de sentido, debido a que el tema de la modernización de la educación debe discutirse ampliamente y en dos semanas sería poco lo que se podría discutir con propiedad.
A la vez estimó que esto afectará las pesquisas realizadas por el Ministerio Público para esclarecer el supuesto pago de sobornos en la aprobación del contrato ley que creó el CEMIS.
Explicó que el tema del combate a la corrupción es de vital importancia y que generar una percepción de impunidad frente al tema del CEMIS sería un acto de imprudencia. Agregó que este es un asunto al que se le debe dar un tratamiento de seriedad.
Alegó que mucho más favorable sería producir una discusión del proyecto de ley de modernización de la educación en el período normal de sesiones, debido a que habría mayor tiempo para alcanzar un consenso.
Explicó que las sesiones extraordinarias tienen la característica de ser convocadas con una fecha tope, en donde el tema debe ser evacuado y que si no se produce un acuerdo, los proyectos deberían ser presentados nuevamente en el período de sesiones ordinarias.
Ante este escenario, con cuentas por cobrar el Congreso Nacional de Crédito y Cobro, organizado por SMG & Asociados intenta reunir a directores de departamentos de crédito para que comprenden que parte de la solución “no es ahogar al cliente” señaló Benavent.
Reiteró que las instituciones financieras deben tener una actitud positiva considerando el riesgo.
“No podemos experimentar un crecimiento en el país si los que trabajamos en este sector tenemos el crédito cerrado, en alguna parte hay que romper esta tendencia” sostuvo.
A juicio de Benavent hay que cambiar el concepto de crisis porque lo actual no se compara con la situación de 1988 cuando la Contraloría retuvo los descuentos directos de los funcionarios públicos en concepto de préstamos personales y préstamos hipotecarios hasta por 8 quincenas con cuentas de ahorro y tarjetas de crédito congeladas.
Sostuvo que en la peor de las percepciones los economistas sostienen que este año Panamá cerrará con un PIB en -0.3% ó -0.8% cuando en 1998 las expectativas de crecimiento estaban por -18%.
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