El procurador José Antonio Sossa presentó una demanda de nulidad contra el Decreto Ejecutivo que permite al Sistema Penitenciario dar a reos permisos laborales, al tiempo que pidió al Ministerio de Gobierno y Justicia devolver a la cárcel a los 196 reclusos beneficiados con este privilegio.
Sossa dijo que remitió una nota al ministro de Gobierno, Arnulfo Escalona, en la que le solicita revocar todos estos permisos y ordenar nuevamente el confinamiento de los reos y que repongan el tiempo permanecido en libertad.
Consultado si abrirá alguna investigación sobre el método utilizado para conceder los citados permisos, aseguró que al final se terminará en algo así.
En su demanda, el procurador alega que el Decreto 212 contraria la Constitución con respecto a la promoción del cumplimiento de las sentencias judiciales y que esto debe ser competencia de los jueces.
Por su parte, la directora del Sistema Penitenciario, Concepción Corro, sostuvo que todos los permisos concedidos han sido analizados pormenorizadamente y en estricto apego a las normas legales. "Este programa debe ser mantenido, porque tarde o temprano los reclusos cumplirán sus condenas y saldrán a las calles", manifestó.
Las empresas registradas o sujetas a reporte deberán acordar con sus auditores externos, la rotación obligatoria cada 3 años de su equipo de auditores, incluyendo gerentes y socios.
El acuerdo en sus consideraciones plantea que la su filosofía es sencilla de la nueva reglamentación es crear las mejores condiciones posibles para generar la confianza necesaria en el público inversionista de que los estados financieros de los emisores y de las personas sujetas a reporte no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia.
Que no se omita información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.
