El procurador José Antonio Sossa recomendó a los cuatro candidatos presidenciales que para enfrentar el delito, el Estado debe satisfacer los anhelos de justicia y paz, mediante mecanismos que retribuyan al afectado, la defensa social de la comunidad y la rehabilitación del delincuente.
Sossa, quien inauguró ayer el VIII Congreso de Procuradores, Fiscales y Personeros, dijo que estos objetivos deben buscarse siempre de la manera más rápida posible, sin perjuicio de las garantías constitucionales legales reconocidas a las partes, pero con firmeza, sin permitir el fraude a la ley.
Alegó que la política criminal propuesta, debe cumplirse de manera objetiva, imparcial, con respeto a los derechos humanos, sin perjuicios, ni propósitos ajenos a los objetivos fundamentales señalados, que deben diferenciarse de la política partidista.
Sostuvo que los funcionarios deben cumplir como requisito permanente para su pertenencia a instituciones administradores de justicia, la honestidad, capacidad investigativa, eficiencia y lealtad al organismo como ente administrativo de justicia.
El jefe del Ministerio Público advirtió que reducir las facultades y poderes que tiene este ministerio, es reducir las facultades y poderes de la sociedad frente a la criminalidad.
Añadió que para prevenir los peligros del secuestro, terrorismo, narcotráfico, el desfalco de fondos públicos, el homicidio y la extorsión se debe fortalecer y dotar de mecanismos necesarios a la institución que constitucionalmente fue creada para esa tarea.
Consideró que quien dirija en el futuro el Ministerio Público no podrá enfrentar esta tarea, si no se le da respeto y la integridad institucional que es indispensable para cumplir a cabalidad con lo que se espera.
A partir de la difusión de estas noticias, le sucedieron hechos que Frecuencia Latina le atribuyó a diferentes aparatos del Estado, tales como investigaciones irregulares de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra la empresa, y vuelos de helicópteros militares a diversas horas sobre las industrias del señor Ivcher.
Frecuencia Latina siguió adelante con sus programas informativos, incluyendo los planes operativos contra los medios de prensa para amedrentar a periodistas y opositores al gobierno, y el espionaje telefónico a periodistas, políticos y autoridades oficiales.
El 23 de mayo de 1997 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acusó a Ivcher de estar usando su medio de comunicación para realizar una campaña contra el prestigio de las Fuerzas Armadas, para lo cual desnaturalizaba situaciones, tergiversaba hechos y difundía comentarios desde una posición claramente malintencionada. Posteriormente el 28 de mayo, mediante Decreto Supremo se le cancela la naturalización, supuestamente por cometer actos que afectaban la seguridad nacional y el interés del Estado.