Sossa y Asamblea chocan

El secretario general de la Procuraduría de la Nación, José María Castillo, aseguró ayer que es inconstitucional la citación hecha por la Asamblea Legislativa al procurador José Antonio Sossa para que explique las sumarias instruidas por el pago de presuntos sobornos a legisladores.
Mientras que el presidente de la Asamblea, Jacobo Salas, advirtió ayer que el procurador está obligado a comparecer a la citación que le hizo la Comisión de Credenciales, de lo contrario se le aplicarían las sanciones contempladas en el Código Judicial.
José María Castillo estimó que en este caso se trataría de una injerencia de la Asamblea en una investigación penal, tema que sólo es competencia del Organo Judicial.
No obstante, dijo que el procurador Sossa arribará al país en los próximos días y decidirá si comparece o no a la Asamblea.
Sostuvo que el Reglamento Interno de la Asamblea “es un gran muro que no permite investigar a los legisladores e impidió que el Ministerio Público pudiera culminar su investigación en el caso CEMIS”.
“Realmente tenemos que respetar el Reglamento Interno de la Asamblea, pero es indudable que constituye una barrera infranqueable para cualquier investigación contra algún legislador”, planteó.
Por su parte, Salas reiteró que el procurador tiene un plazo de 48 horas para comparecer a la Comisión de Credenciales, si no podría ser sancionado como lo dispone la ley.
Aunque no especificó la sanción que se establece para este caso, reiteró que la negativa a responder a este llamado podría provocar que se le apliquen las sanciones que establece el Código Judicial para los casos de desacato.
Manifestó que ha escuchado al secretario general de la Procuraduría decir que la citación del procurador a la Asamblea no está contemplada en la Constitución Nacional, argumento que en su opinión es falso.
Salas dijo que hace un par de años la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el cual se estableció que sus magistrados no estaban obligados a comparecer a estas citaciones, pero que serían los únicos exentos de esta obligación.