"El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, debió declararse impedido para tratar la demanda interpuesta por un grupo de abogados contra el ministro Aníbal Salas por abuso de autoridad y atentar contra la personalidad internacional del Estado", informó el abogado querellante, Julio Berrío.
Sustentó que Spadafora no debió tratar este asunto, porque él era el jefe inmediato de Salas en el Ministerio de Gobierno y Justicia y además participó en ese acuerdo antes de dejar su cargo en la entidad. Afirmó que ser "juez y parte" en este caso no fue lo más correcto desde el punto de vista moral frente a la opinión pública.
Aclaró que la Corte se equivoca cuando dice que se trata de una prolongación del acuerdo suscrito en el año 1990 por el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón. Aseguró que este es un acuerdo nuevo que varía todas las bases de la contratación inicial.
Destacó que el fallo de la Corte no admitió la demanda en contra de Salas por abuso de autoridad y atentar contra la personalidad internacional del Estado, en el acuerdo firmado entre Salas y Frederick Becker, de la embajada de Estados Unidos, sobre el apoyo y asistencia por parte del Servicio de Guardacostas estadounidenses del Servicio Marítimo Nacional (SMN).
De acuerdo a Berrío, los abogados querellantes no esperaban que la Corte sancionara al ministro Salas, porque este es un país donde los ministros violan y están por encima del derecho. Indicó que el propósito con la denuncia penal era obtener el juicio de la historia y de ese no se va a escapar Salas.
Sostuvo que Salas será recordado como el ministro que permitió que el territorio nacional sea afectado nuevamente con concesiones que van más allá de lo que puede hacer un país en beneficio de otro, bajo el pretexto de la lucha contra el tráfico de drogas, lavado del dinero y el antiterrorismo.
El abogado querellante dijo que lo que se hizo con este acuerdo fueron flagrantes violaciones a la Constitución, que lo hacía reo del delito de atentar contra la personalidad del Estado panameño con este acuerdo, totalmente contrario a la dignidad del país. Agregó que este es un clavo más, basado en la acción delictiva de Salas y otros ministros que han comprometido la seguridad del país.
