El Ministerio Público ordenó la aplicación de una prueba poligráfica al subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Javier Chérigo, dentro de las investigaciones de presunta corrupción denunciada por el Frente Nacional contra la Corrupción.
Una fuente judicial confirmó que Chérigo fue citado a la sede del Ministerio Público para que se aplicara el examen, pero éste se resistió aduciendo que el mismo no constituye prueba dentro de una investigación.
Se informó que dos jefes de divisiones y el secretario general de la PTJ también han sido requeridos para ejecutarles la citada prueba y que deberán comparecer en los próximos días ante el despacho del procurador.
El procurador José Antonio Sossa recibió un informe elaborado por los fiscales Maritza Royo, Víctor Barrios y Geomara de Jones sobre las denuncias hechas y una auditoría preliminar sobre el manejo de los viáticos asignados para la ejecución de los operativos.
Entre las evidencias recabadas se encuentra un dinero devuelto por un inspector y un fusil AK-47 que no había sido reportado a la armería ni mantenía registro dentro de la institución.
Por su parte, Sossa reiteró que desde 1998 denunció públicamente que la reforma hecha a la Ley de la PTJ por parte de la Asamblea Legislativa era dañina y una fuente de corrupción en la administración de justicia.
Alegó que esta reforma produce en la práctica que el director de la PTJ se convierta en el dueño y señor de sus propios actos y los de todos los miembros de la institución, a quienes podrá nombrar a su antojo sin ninguna injerencia.
