Tras realizar una auditoría, Cañizales revela que detectaron que en algunos de los 50 planteles, el dinero fue utilizado para nombrar a familiares de las autoridades educativas.
Esta práctica está a punto de terminar, con la nueva reglamentación del subsidio económico para los colegios privados, en virtud de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 456 del 11 de noviembre pasado.
El documento establece que hasta el 16 de enero, todos los centros educativos particulares que soliciten el otorgamiento de un subsidio estatal, tendrán que presentar una serie de requisitos; entre ellos, una copia autenticada expedida por el Ministerio de Educación (MEDUCA), que autoriza el resuelto de funcionamiento del plantel y certificado del Registro Público, según explicó la directora Nacional de Escuelas Particulares, Ilka de Torres.
La medida tiene el apoyo de todos los administrativos de los colegios particulares, indicó Torres, a quien le complace que la mayoría la ve con buenos ojos porque tendrán la opción de optar por un subsidio.
Sobre aquellos que están en desacuerdo, la funcionaria afirma que "de todo hay en la viña del Señor".
El ministro Cañizales asegura que ahora se evaluará la retribución que recibe la Educación en cuanto a la formación de profesionales.
Ahora se sabrá cuántas becas sociales se otorgan a personas de bajos recursos y se evitarán situaciones como la ocurrida en el Instituto Técnico Don Bosco, donde a una escuela líder en la formación tecnológica, se le disminuyó el subsidio, no así a otros colegios que no cumplen con los estándares académicos.
Las autoridades afirman que se trata de compartir responsabilidades. Se acordó que tanto el MEDUCA como las autoridades de los centros de enseñanza serán responsables de los nombramientos de los docentes en las colegios particulares.
En Panamá existen 871 escuelas particulares, con una población de 96, 299 estudiantes, atendidos por 7, 216 docentes. Sólo algunas reciben el subsidio.
La nueva medida tomará en cuenta la matrícula, el impacto y el servicio social que el colegio particular ofrezca a la comunidad, antes de designar el subsidio estatal.
La suma se destinará por dos años prorrogables y se fiscalizará con más periodicidad.
