Una cadena de suicidios, especialmente de niñas adolescentes, sacude los asentamientos indígenas de la frontera noroeste de Colombia con Panamá, cuyas selvas son escenario de una cruenta disputa entre guerrilleros y paramilitares.
Al menos siete casos de ahorcamiento y dos muertes extrañas se han producido en la remota región, con 25 aldeas habitadas por unos 3,800 indígenas emberas, katíos, wounana, chamíes y tules, según una crónica que publicó ayer el diario bogotano "El Tiempo".
"Los indígenas no se están matando; esas muertes no son por voluntad propia", afirmó hace pocos días Atensio Casama, el "jaibaná" (sacerdote o sabio indio) más veterano de la cuenta del río Salaquí, en el departamento del Chocó.
Casama promulgó la sentencia tras una ceremonia de toda una noche, que le había sido solicitada por los aborígenes mayores para contrarrestar la cadena de muerte, que según la publicación comenzó la noche de Navidad de 2001.
Ese día, continúa, los indígenas conocieron la palabra "suicidio", que no existía en su lengua, con el hallazgo del cuerpo de Nelson Salazar, que se mató de un tiro de su rifle de caza.
La cadena se desató a comienzos de este año y se agudizó el pasado septiembre, con el suicidio por ahorcamiento de cuatro niñas de 12 a 15 años -entre ellas una sobrina de Casama-, un adolescente de 15 y un joven de 21, precisa la publicación.
Añade que la incertidumbre se acrecentó con la muerte extraña de dos muchachas, una a la que ningún "jaibaná" le pudo conjurar el veneno de una serpiente, y otra que amaneció sin vida en su cama.
El "jaibaná" atribuyó las muertes a "espíritus malos que se están metiendo en los indios débiles y tristes y los están colgando. Son los muertos de la guerra que no han sido enterrados".
Casama, según la nota, aludió a las decenas de combatientes que han caído desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llevaron la guerra hasta esas selvas.
El sabio presidió un nuevo rito dos días después, pero se declaró vencido, al admitir que luchar contra los "espíritus malos" era muy difícil, "porque eran muy poderosos".
Un segundo "jaibaná", Jairo Javier Peña, fue llamado por los mayores y, tras "dos noches de canto", les comunicó que "había podido neutralizar al papá de los espíritus".
Sin embargo, dice la publicación, Peña les pidió que "anunciaran a todas las comunidades que no podían estar tristes y que nadie podía decir que se quería morir, porque los espíritus aprovechaban esa debilidad y se les metían en el cuerpo".
La crónica dice que, por recomendación del sacerdote católico del lugar, los aborígenes han colgado al cuello de sus niños "crucifijos de jagua, su árbol sagrado, para cuidarlos de los espíritus malos que andan sueltos desde que ocurrió el primer suicidio".
Es así como aprovechaba lo que le quedaba a mano no olvidando su principal propósito. Los chilenos debían enterarse del costo humano de la dictadura. "Eramos un país ordenado. Nadie se atrevía a protestar o hacer huelgas cómo convencerlos (a los ciudadanos) de que no todo andaba bien".
Por 10 años, cuenta, los chilenos vivieron el encierro entre las paredes de sus propias casas. Se decretó toque de queda todas las noches. "Y aquí no pasa nada, decían muchos".
"Era sólo trabajar y trabajar para encerrarse en las noches. Así se construyó el milagro económico chileno", sostiene y ríe sorprendida aún, como si los años no hubiesen transcurrido.
Ella era menos conformista. A su juicio, ese orden era el producto de las cárceles secretas, los recintos de tortura y el "terror que tenían y no se atrevían a confesar". Esa fue mi primera tarea: "convencerlos".
Para el fin de la dictadura de Pinochet, en 1998, cuando fue detenido en Londres, la jovial escritora de cabellos canosos tenía ya a su haber cuatro libros dirigidos a denunciar las violaciones a los derechos humanos.
"Quemados Vivos", fue otro de sus títulos. Cerca de 1983, una pareja de jóvenes salió a protestar y una patrulla militar los detiene y rocía de combustible, quemándolos vivos como advertencia para quienes se quejaban públicamente. Tocaba ahora buscar las pruebas y Patricia lo hizo, una vez más.
Le costó ser demandada por "ofender a las Fuerzas Armadas. En ese momento, al acusarme el propio dictador, mi vida corrió peligro".
Se propuso dar la cara, como lo había hecho siempre. Un abogado de la Iglesia Católica tomó el caso y al preguntarle el fiscal militar sobre la demanda, ella dijo: "quienes ofenden a las Fuerzas Armadas son aquellos que usando uniforme tienen conductas criminales". La justicia falló a favor de Verdugo y "ganó el periodismo chileno". En más de una ocasión Patricia y su familia fueron amedrentadas pero no claudicó.
Con "Andrés de la Victoria" contó la historia de un sacerdote a quien una bala cegó la vida, durante la lectura del Evangelio y con ello, el testimonio de centenares de víctimas más. "Y muchos seguían sin creer".
Según dijo, se puede partir de la afirmación genérica de que todos los crímenes durante una dictadura son responsabilidad del dictador pero otra cosa es comprobarlo ante la justicia.
La investigación "Los zarpazos del puma" deja de lado los supuestos y lo prueba. La obra fue aplaudida y repudiada, como era de esperarse, sin embargo, el proceso judicial contra Pinochet se hizo sobre la base del libro y para ella, como periodista "fue especial", pues la causa judicial más importante en toda la historia de su país se apoyó en lo que escribió. Las investigaciones siguen en curso.
Patricia partió de Panamá para continuar su peregrinar por varios países "presentando a su nuevo hijo literario", sin embargo, siempre que puede, le roba un par de horas y con suerte uno o dos días, a esas "presentaciones en sociedad" para volar a lado de sus hijos y su esposo, un hombre comprensivo que conoce y respeta su oficio.
Pero mientras vuelve a zambullirse en pilas de papeles para tramar otro escrito, reconoce que después de todo, algo le debe a la dictadura: "me enseñó a vencer el miedo y vivir decentemente".
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