Los poderes de la Secretaría Nacional de Transparencia contra la Corrupción estarán bajo la lupa, luego de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitiera una demanda contra el Decreto Ejecutivo N.° 232 de Julio de 2009 que regula las funciones de esa entidad.
El magistrado Víctor Benavides admitió la demanda presentada el pasado jueves, al considerar que cumple con las formalidades de la ley.
La demanda presentada por el ex magistrado Edgardo Molino Mola sostiene que el Artículo 4 del Decreto Ejecutivo 232 de Julio de este año viola el Artículo 220 de la Constitución Nacional, que regula las atribuciones del Ministerio Público.
Entre la nuevas funciones asignadas por el Ejecutivo al zar Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, están examinar hechos que puedan ser considerados actos de corrupción de servidores públicos sin funciones específicas, presentar denuncias y tener personal para hacer investigaciones.
