Las tres personas investigadas por la Policía Técnica Judicial (PTJ) por un supuesto espionaje telefónico contra funcionarios, presentaron un hábeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar su detención.
Una fuente judicial reveló que el hábeas corpus presentado por dos personas de apellido Quintero y otra Thomas, a través de la abogada Nora L. Santa de Sánchez se encuentra en el despacho de la magistrada Graciela Dixon para resolver.
De acuerdo con la fuente, los tres estarían acusando a la Policía Técnica Judicial (PTJ) de hostigamiento y violación a sus derechos humanos por haberlos llevado a esas instalaciones para declarar dentro de las investigaciones por los pinchazos y las escuchas telefónicas denunciados por el director del Servicio de Protección Institucional (SPI), Alejandro Garuz.
En el transcurso de las investigaciones, la PTJ condujo a varias personas para tomarles declaración sobre su presunta participación en el ilícito denunciado, pero posteriormente las liberó, debido a que este delito no tiene detención preventiva.
También se informó que la Fiscalía Auxiliar tiene los casetes originales de las grabaciones hechas a los buzones de los funcionarios, legisladores y políticos grabados de manera clandestina por personas que aún no están plenamente identificadas.
El propio procurador José Antonio Sossa reveló la existencia de más de un grupo dedicado a la grabación de conversaciones telefónicas de manera ilegal, pero que a la fecha no han podido ser detenidos.
Sossa explicó que este es un delito muy difícil de comprobar y que es necesario tener evidencias concretas sobre estas irregularidades, pero que las investigaciones continuarán hasta acabar con esta práctica ilegal.
A la vez se realizan gestiones para lograr la entrega de los pinchadores telefónicos, pero estos esfuerzos no se han concretado.
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