Tras diez años de espera, la audiencia por el envenenamiento masivo con dietilenglicol programada para ayer en el Palacio Gil Ponce, de la Corte Suprema de Justicia, fue suspendida.
Todo se debió a que uno de los abogados de la defensa presentó certificado de incapacidad, lo que provocó que el juez de la causa declarara suspendido el acto judicial y reprogramara una nueva fecha, para el 21 de marzo.
El envenenamiento masivo provocó el fallecimiento de unas 170 personas y afectó al menos a otros 8,000 usuarios del sistema de salud pública.
La decisión del tribunal provocó la reacción de los familiares y afectados, quienes consideran que esto demuestra las deficiencias de un sistema de administración de justicia que está en mora con estas personas, quienes han esperado una década para que se les haga justicia.
Los afectados ingirieron un jarabe médico que tenía guayacolato.
