Suspicacia ha generado el traslado de miles de documentos oficiales del Municipio de Arraiján a un gimnasio del sector, donde se deterioran por la lluvia o por estar tirados bajo desechos.
Frente a la mirada de los residentes del área se estropean facturas de recaudación de impuestos, así como advertencias del Juzgado Municipal al Municipio por la asignación de cupos de operación a una cooperativa sin que tenga vehículos registrados en esa entidad.
También hay solicitudes del Banco Nacional de Panamá para que el Municipio proceda con embargos y secuestros de bienes a empresas o personas naturales.
Bajo la basura.
Documentos que datan de 2005 y 2007 están amontonados fuera del Gimnasio Rómulo Sánchez, junto a ellos se observan tiradas varias vallas políticas de las pasadas elecciones, también escaleras, sillas, escritorios y tanques oxidados.
Mientras dentro del gimnasio, la situación no es distinta. En uno de los cuartos, los documentos se encuentran sin las mínimas medidas de protección, ya que las personas entran y salen sin ninguna limitación, a pesar de que este lugar ya no es utilizado para realizar deportes.
Pero esta situación no parece preocupar al alcalde de Arraiján, David Cáceres, quien considera que esos documentos "son simples papelitos sin valor y sin mayor trascendencia".
A juicio de Cáceres existe un "morbo" injustificado, debido a que es el único lugar que se tiene para archivar los documentos oficiales.
"Si piensan que estamos escondiendo los tesoros de Tutankamón es falso”, expresó.
Habla Cáceres.
El alcalde de Arraiján dijo desconocer si la empresa Capaces, S.A., contratada para la Consultoría de Atención al Público y Cobro de Impuestos, tiene copia virtual de estos documentos, pero a la vez señaló que no tiene autorización para "recaudar impuestos" porque "la ley lo impide".
"Los documentos no han salido de la institución, no los tenemos escondidos y no hay nada que esconder, por eso cualquiera los puede ver", sostuvo.
Igualmente resaltó que esa administración es la que más dinero ha recaudado al alcanzar casi B/3 millones, pero que no tienen dinero para pagar la planilla y hacer anexos en la entidad.
Al ser consultado sobre las reuniones de transición, dijo que el encuentro previsto para mañana fue cancelado, debido a que no terminan de levantar los informes y porque supuestamente, el alcalde electo, Manolith Samaniego, se apersonó al gimnasio a ver la documentación sin su autorización.
Mientras, Samaniego resaltó que realizará las auditorías que sean necesarias para verificar las finanzas del Municipio.
Indicó que verificará minuciosamente los contratos y concesiones otorgados en esta administración.
Reglamentación.
El Código Penal en su artículo 357 establece que: “Quien sustraiga, suprima, destruya o altere algún instrumento, acta o documento que pertenezca o repose bajo la custodia de una oficina pública, será sancionado con prisión de seis meses a 2 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana.
Si el autor fuera el mismo servidor público que por razón de funciones tenía la custodia de los instrumentos, las actas o los documentos, la sanción será de 4 años de prisión.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal advirtió que la Fiscalía Anticorrupción debe iniciar una investigación de oficio de inmediato.
“Estas son las cosas que se deben evitar, ya que algunos funcionarios quieren desaparecer valores, bienes y otros documentos ahora en la transición”, sostuvo.
Resaltó que la población debe convertirse en centinela de las autoridades.
