El presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), Erasmo Muñoz, y los representantes del sector empresarial y del gobierno comparecieron ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa a sustentar la aprobación del presupuesto de la institución para el año fiscal 2004.
Guillermo Puga, dirigente sindical; y Juana González, representante de los jubilados, estuvieron en las graderías legislativas, pero se negaron a entrar al pleno, alegando que no se les invitó de manera formal a la sesión.
Durante la sesión, los directivos de la CSS explicaron el monto del presupuesto aprobado y las normas que se aplicaron para su discusión y aprobación, así como las razones que llevaron a rechazar la propuesta presentada por el separado director de la entidad, Juan Jované.
En Panamá aún se desconoce el esquema con el cual funcionará este sistema, porque todavía el proyecto de Ley no ha sido presentado a la Asamblea Legislativa para su discusión, pero según una fuente este documento se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La experiencia de otros países se basa en que este servicio es subsidiado por el Estado y los concesionarios donde aporta más aquel que tenga mayor participación del mercado, tomando un porcentaje de la facturación mensual que oscila entre un 1% hasta 3%, que debe ir a un fondo destinado a garantizar la prestación del servicio universal, de manera que se garantice a la población de escasos recursos tener acceso al teléfono y que la tarifa básica siga existiendo a través de un subsidio.
Desde hace más de un año se ha venido planteando la necesidad de que se emita esta ley, pero a la fecha las autoridades gubernamentales no han presentado la misma, afectando con ello a los panameños de menos recursos quienes tendrán que acogerse al plan de prepago o a la tarifa del Plan estándar de B/.11.95.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) que ha dicho a la empresa C&W que no puede eliminar la tarifa básica, basa sus argumentos en una parte de la cláusula 40 del Contrato de Concesión que obliga a la existencia de una tarifa universal por 20 años, argumento que es reconocido por la empresa telefónica; pero esta misma disposición seguidamente explica que la tarifa se extingue al año (2003), en el caso de que no exista una ley de servicios universales.
Cable & Wireless ha manifestado que no está cometiendo ninguna irregularidad, pues considera que lo que le está haciendo es decirle a los clientes que en caso de que no haya una ley de tarifa universal antes del 1 de enero de 2004, la tarifa básica de B/.6.27 se extinguirá tal como lo señala la ley.
C&W es consciente que no puede cambiar tarifas a menos que sea aprobado por el Ente Regulador, y lo que se les está planteando son las opciones que existen.
Si bien desde el momento en que pasó a manos privadas el servicio de telefonía en el país se observaron cambios en las tarifas que afectaron a la ciudadanía, este sector ha reflejado también una evolución de los servicios desde la privatización en junio de 1997.
