La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario podrá revisar la tarifa de recolección de basura cada dos años o en menos tiempo, dependiendo del precio del combustible, los repuestos u otros insumos.
El proyecto de ley que crea la Autoridad fue aprobado en tercer debate el miércoles por la Asamblea Nacional y solo falta que el presidente Ricardo Martinelli lo sancione.
La Autoridad elaborará una tabla de tarifas que tomará en consideración el nivel socioeconómico de las comunidades, de manera que exista un "subsidio cruzado" con los usuarios que más pueden pagar.
La Ley empezará a regir el 1 de octubre próximo, pero no será hasta el 3 de enero del año 2011 que la Autoridad empezará a prestar servicios.
La Autoridad manejará los residuos, su explotación, aprovechamiento y disposición final, para lo cual diseñará una política de residuos para la prevención y control de la contaminación.
Brindará el servicio de recolección inicialmente en el distrito de Panamá, hasta que se establezca en los demás municipios.
El proyecto dispone que la nueva Autoridad estará obligada a respetar los contratos negociados por los municipios y no podrá modificarlos.
Jurisdicción coactiva.La Autoridad podrá cobrar intereses por saldos en mora a 60 días, los que se calcularán con base a la fecha de vencimiento de la factura y el interés promedio del semestre anterior sobre préstamos comerciales.
Tendrá jurisdicción coactiva o gestión de cobros sobre las deudas. El cobro podrá gestionarse mediante convenio con empresas privadas.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales deberá efectuar el cobro respectivo de las tarifas, hasta que la Autoridad le comunique el traslado gradual de la cartera, que podrán realizar las empresas de energía eléctrica.
Corte del servicio.El distribuidor estará autorizado a suspender el servicio por el atraso de 60 días en el pago.
Las empresas que presten servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica cobrarán las tarifas directamente en el recibo de facturación mensual.
Mediante la Ley se crea el Fondo de Aseo Público por B/ 150 mil que manejará el administrador y será depositado en el Banco Nacional de Panamá.
Los contratos y gastos a realizar con estos fondos, no se someterán a revisiones administrativas, sin perjuicio de las funciones de la Contraloría.
Estos recursos provendrán de los aportes del Gobierno Central.
El Estado indemnizará a los municipios por todos los bienes que sean traspasados.
