Su proponente, Jorge Hernán Rubio, explicó que lo que se busca es proporcionarles mejores elementos de juicio a los empresarios, antes de iniciar una relación laboral con alguna persona.
Negó categóricamente que se pretenda cercenar el derecho de los ciudadanos a obtener una plaza de trabajo.
El uso de los historiales fue suspendido en diciembre de 2001, bajo el argumento de ser un obstáculo para la reinserción social y la búsqueda de empleos.
Rubio argumentó que con el paso del tiempo y las estadísticas logradas, se ha demostrado que no se puede mantener esta norma, porque amerita una adecuación urgente a la realidad.
Por su parte, el presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, Javier Justiniani, señaló que los más de 80 mil incidentes policivos registrados en 2005, son una muestra de que es necesario hacer algo para combatir la violencia y la reincidencia criminal.
Cuestionó que esa misma solicitud no se exige en la apertura de empresas, ni en la solicitud de ser funcionario público, ni para ser magistrado o procurador.
"El récord policivo, como institución, debe utilizarse para registrar las conductas de quienes aspiren a ocupar sólo puestos de confianza", precisó.
