Un estimado de 16 millones de municiones podrían transitar de manera clandestina por el territorio nacional, según el director institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio Gobierno y Justicia, José Branca.
De acuerdo con un estudio realizado en el 2006, un total de 6 millones de municiones entraron a Panamá ilegalmente ese año, pero se calcula que la cifra ha aumentado en la actualidad a 16 millones.
Explicó que el tráfico de armas que entra a Panamá viene procedente de Centroamérica y se introduce por la frontera con Costa Rica.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que por Centroamérica circulan por año unos dos millones de armas livianas.
La ONU advierte que la unión del mercado de las drogas con el de las armas clandestinas propicia un fuerte movimiento de ambos productos y de municiones desde Colombia hacia Centroamérica y viceversa.
“El Estado no tiene control de eso ahora mismo, porque no se ha enfocado cómo debe ser”, aseguró, por su parte, Branca.
En el mercado negro debe haber un estimado de millones de proyectiles, por lo que debemos enfocarnos en el tráfico ilegal de armas y municiones de la misma manera como se controla el tráfico de estupefacientes y drogas, dijo el funcionario.
“Con eso vamos a reducir dramáticamente el índice de criminalidad en Panamá”, sostuvo. Branca no brindó mayores detalles sobre las municiones.
Muchas legales.
Esta cantidad se suma a las 6 mil 400 municiones vendidas en Panamá legalmente por día, desde el segundo semestre del año 2009 hasta enero de este año, según informes del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Muchas de las municiones que se vendieron legalmente fueron compradas por Agencias de Seguridad y fueron utilizadas en Polígonos de tiro e inclusive compradas por los ciudadanos que tienen permisos para portar armas, detalló Branca.
Sostuvo que “las estadísticas reflejan que es más fácil matar con un arma de fuego”, porque pueden obtenerse sin problemas de forma clandestina.
No obstante, sustentó que el incremento de muertos no es a consecuencia de las armas formales, sino de las informales, porque el antisocial compra fácilmente un arma ingresada al país a través del mercado negro.
Explicó que en estos momentos solicitar un permiso para un arma de fuego es un problema, porque el sistema no está adecuado para la cantidad de armas que se piden, por lo que toma hasta seis meses realizar el trámite.
Además se está proponiendo una ley para regular la compra de armas y municiones en el país.
Con esta ley, aseguró, se busca saber quién tiene el arma, para poder determinar si una persona fue asesinada con la bala que mantenía esa arma.
“Todos tienen un arma”.
Por su parte, el ex director de la Policía Nacional, Ebraim Asvat coincidió en la necesidad de regular la venta de las armas y municiones. Sugirió que se restrinja el número de empresas que se dedican a este negocio.
A su juicio, “el Estado debe ejercer un control mucho más estricto, porque sin duda la proliferación de armas, ya sea ilegales o legales, está aumentado en la sociedad panameña el índice de homicidios y crímenes”.
Detalló que cualquier riña entre personas termina en una balacera, “porque todo el mundo tiene un arma”.
