Los moradores del sector 4 de El Progreso en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, firmaron una acuerdo provisional con las autoridades del Ministerio de Vivienda, para legalizar el terreno que ocupan.
Tras la reunión con los moradores de este sector, la titular de Vivienda, Balbina Herrera, indicó que realizará las gestiones con los propietarios del terreno para buscar una salida que no perjudique a las partes involucradas.
El Progreso No. 4, que surgió tras una invasión de personas, ya está medido y ahora se procederá al traslado de familias a sitios seguros, dejando libres las servidumbres y puntos vulnerables, comunicó la entidad.
El documento suscrito establece que les serán asignados lotes de 450 metros cuadrados a unas 300 familias y se harán los trazados de infraestructrura, lo que permitirá a la comunidad legalizar el suministro de energía eléctrica en el lugar.
También se advirtió que se dará prioridad a los cuadros familiares con mayor tiempo de vivir en el lugar, particulamente a los que en el hogar tengan niños con problemas de discapacidad.
Actualmente funcionarios del Ministerio de Vivienda y estudiantes del Centro Regional Universitario de La Chorrera, están midiendo y asignando los lotes a las familias que residen en el sector 4 de El Progreso.
Este asentamiento informal inició hace unos seis años en terrenos privados y ahora los beneficiarios no podrán alquilar ni traspasar los lotes a terceras personas, ya que el objetivo es resolver un problema de tenencia de tierra.
Boris Lasso, encargado del Departamento de Investigación del Consumidor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, señaló que se exige una ventanilla especial para atender a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en las oficinas públicas y privadas, ellos tienen un trato preferencial.
Respondió que sí, al tiempo que agregó que si no es así, en esos casos "más que oficiosamente actuaríamos por denuncia.
"Son situaciones muy exclusivas de uno y otro lugar, y la Autoridad de Protección al Consumidor lo que requiere es la denuncia de un consumidor afectado para hacer las investigaciones", explicó.
Añadió que si tienen que sancionar, lo harán.
En el caso de los restaurantes, comentó que la ley no hace distinción (restaurantes) si es una oferta o es precio regular.
Así que el establecimiento está en la obligación de otorgarle el descuento al jubilado.
De acuerdo con la Ley No. 6 de 1987, en las comidas hay un descuento de 15% en restaurantes que son franquicias nacionales y extranjeras de comida rápida. El resto que no tiene esos dos aspectos, tiene que ser 25%.
Los que están exentos de los descuentos los locales de comida que no necesiten licencia o registro comercial para operar (fondas).
El artículo 5 señala que las personas naturales o jurídicas que se nieguen a prestar los servicios en las condiciones y con las tarifas establecidas en la presente ley serán sancionados con multas de B/.50 y B/.5 mil.
Estas ingresan al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados.
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