Panamá realiza gestiones con los países miembros del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) para trasladar a otras naciones a testigos protegidos en procesos clave, expresó el fiscal contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado.
Indicó que estas son algunas de las alternativas que se analizan para darle protección a los testigos.
Explicó que en Panamá no se cumple con esta ley por la falta de recursos y, al ser un país pequeño, se dificultad más cambiarle la identidad o darle otro trabajo a los testigos.
Además, planteó la necesidad de que se utilice el dinero de los procesos contra los narcotraficantes para resarcir a las víctimas.
Las declaraciones de Ayú Prado se dieron durante el Foro Regional de Periodismo de Investigación contra el narcotráfico y crimen organizado, que preparó el Centro Latinoamericano de Periodismo en Panamá.
Según el fiscal, el Ministerio Público sigue con las limitaciones en cuanto a recursos para enfrentar el crimen organizado y citó que mientras los funcionarios utilizan teléfonos públicos, los narcos usan satelitales.
Otro punto cuestionado y que dilata los procesos, es la demora en las asistencias judiciales, que andan a paso de “caracol reumático”.
