El fiscal séptimo penal Arquímedes Saénz pidió ayer la condena para Xiomara Hubbard, alias Madame Thonya, Aníbal González y otros tres sindicados por los delitos contra el pudor y la libertad sexual, durante la audiencia preliminar contra las personas acusadas de mantener una red de prostitución de menores de edad, que fue descubierta el año pasado mediante una investigación de periodistas españoles de Antena 3.
En tanto, Madame Thonya involucró a un funcionario de la Policía Técnica Judicial (PTJ) que acompañaba a los periodistas españoles que filmaron escenas de esta supuesta proxeneta cuando ofrecía los servicios sexuales de una menor de edad.
Por su parte, los abogados defensores pidieron la nulidad de la audiencia celebrada ayer en el Juzgado Décimocuarto Penal, al considerar que el expediente tenía defectos y contenía contradicciones.
Saénz reiteró que varias jovencitas eran manipuladas por Madame Thonya, quien supuestamente las inducidas a ejercer la prostitución. Durante la audiencia Brenda Marisol Núñez de Alvarado, la única detenida en este caso, lloró.
Mientras que Aníbal González sustentó que no se le brindó asistencia legal adecuada, cuando fue detenido, en julio pasado.
A la salida del Juzgado Décimo Cuarto Penal, Madame Thonya dijo que estaba conforme con la petición de nulidad del juicio y comentó que "salieron a relucir personas que no se habían mencionado" y tampoco asistido un agente de la PTJ.
De acuerdo a las sumarias, el funcionario de la PTJ era el encargado de darle seguridad a los periodistas españoles que realizaron la filmación encubierta de los supuestos sitios donde se practicaba la prostitución infantil.
Por su parte, Edilberto Vásquez, apoderado principal de Thonya, argumentó que el vídeo de los periodistas españoles "es ilegal porque no cumplió con el requisito que establece la ley, es decir, no fue ratificado por quien lo filmó".
Vásquez recordó que Saénz y el juez Secundino Mendieta intervinieron en un proceso relacionado con un pleito personal entre su persona y el ex jefe de la PTJ, Jaime Abad.
"Las operaciones encubiertas únicamente pueden ser autorizadas por parte del Procurador General de la Nación y en el expediente no aparece ninguna providencia" que permite estas prácticas.
En un término de cinco días laborales, el Juez Décimo Cuarto Penal, Secundino Mendieta dictará un fallo del juicio.
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