E l ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, advirtió ayer que cancelarán las concesiones otorgadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen si las investigaciones que se realicen prueben -con información o documentación- el uso de los "Duty Free" para lavar dinero procedente del narcotráfico.
De esta forma reaccionó Mulino a las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos, Bárbara Stephenson, quien alertó a través de un cable de "Wikileaks" sobre supuestas irregularidades en el área de la zona libre del aeropuerto de Tocumen y sobre la falta de controles de parte de las autoridades panameñas en el movimiento de mercancía.
"Se haría una nueva licitación internacional por cuestión de seguridad nacional", aseguró Mulino, en declaraciones dadas a Panamá América.
"No permitiremos que nuestro país se utilice por el delito transnacional a través de la zona libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen", añadió.
Este diario trató de contactar a la directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, Gloria Moreno de López, pero no respondió la llamada. Sin embargo, un vocero de la institución informó que la funcionaria no daría declaraciones porque se encontraba por el interior del país.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Antonio Fletcher, restó importancia al tema por la procedencia de la información y no quiso emitir una opinión en nombre de la organización que dirige.
Quien calificó como "alarmante" lo que pensó la ex embajadora de Estados Unidos -sobre lo que sucede en el aeropuerto de Tocumen- fue la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.
La dirigente de la sociedad civil consideró que es conveniente que los entes de seguridad del Estado, los funcionarios de Aduanas y del Aeropuerto de Tocumen digan algo sobre esta situación.
"¿Quién les va a pedir cuentas?", se preguntó.
Castillo planteó, además, que el Gobierno debe aclarar esto, ya que la información está corriendo por el mundo.
En tanto, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Juan Francisco Kiener, coincidió con Castillo en que se debe investigar la situación.
Aseguró que en sus 36 años como empresario nunca escuchó sobre casos de lavado de dinero en el sector industrial, ya que la mayoría se han reportado en el área comercial y financiera.
Se intentó contactar infructuosamente al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, Fernando Arango.
La última licitación de las tiendas "Duty Free", correspondiente al área de perfumes y licores, se realizó en 2007, donde participaron los grupos Waked y Motta.
En esta licitación se pagó al Estado B/73 millones.
