Todos los casos de corrupción donde estén vinculadas personas nacionales o extranjeras, incluso algunas relacionadas estrechamente con el mundo político, deben ser investigadas a profundidad por el Ministerio Público y la Contraloría, y no quedar impunes, sostuvo el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada.
Dijo que las investigaciones de auditoría que viene adelantando la Contraloría General, deben continuarse y profundizarse, de tal manera que aquellos que resulten implicados, hagan frente a los señalamientos y se deslinde el grado de responsabilidad que les corresponda asumir.
En cuanto al Ministerio Público, sostuvo que debe profundizar en la investigación de carácter criminal que corresponda, con base en los señalamientos y documentación remitida por el Contralor General de la República.
Sin embargo, días atrás, Tejada había sido criticado por el propio contralor, pues el defensor dijo que el jefe de las arcas nacionales debía enfrentar las denuncias de corrupción y politizarlas menos.
Mientras el contralor dijo que la posición de Tejada Espino era para proteger a su primo hermano Martín Torrijos Espino, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), ante la supuesta intención de afectar su postulación con las averiguaciones que adelantan la Contraloría y el Ministerio Público, en el caso de lesión patrimonial donde se vincula a altos miembros del colectivo opositor.
Sin embargo, el defensor ahora piensa que ante la cercanía o coincidencia con los procesos electorales, es bueno que se adelante la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el ingeniero Juan Jaén, de ANAM, negó que esta institución haya emitido algún permiso para esta extracción. "Debió tener el aval nuestro para efectuarse, consecuentemente es ilegal".
No obstante, añadió, en un momento dado, de cumplirse con los requerimientos establecidos, se podría conceder la autorización respetando el procedimiento pertinente, incluso sería posible remediar algunos problemas generados por la extracción indiscriminada.
Jaén fue uno de los funcionarios enviados al área después de la alerta de El Panamá América. Recuerda que aquel día la máquina ya no estaba pero todo indicaba que había sido retirada hace poco tiempo.
Estaban claros en que ANAM y MICI no habían permitido la excavación, faltaba aún consultar al alcalde de Antón, a quien encontramos en su despacho a eso de la 1:00 de la tarde.
Aristides Rodríguez, la máxima autoridad del distrito de Antón,fue enérgico en sus declaraciones. "Si yo hubiera emitido algún permiso para extracción en ese sector no hubiera ido a inspeccionar apenas me enteré y así lo hice".
Lo expresado por COHISA en el documento enviado a nuestro redacción era desconocido por Rodríguez, por lo que tradujo la acción en una evidente "evasión de impuestos municipales".
Adelantó además que tanto el arquitecto supervisor de obras de la compañía, que firma la nota, como el subcontratista citado por ésta, serían llamados a la Alcaldía de Antón, con lo que los ingenieros de ANAM y MICI mostraron su anuencia.
Ya en Panamá se consultó al arquitecto José Manuel Horna de COHISA. Confirmó, en principio, que se trataba de su subcontratista, quien "nos dijo que tenía todos sus permisos".
El subcontratista, Antonio Jiménez, con quien se conversó vía telefónica, dijo que "el día que estaba la retroexcavadora allá se estaba empezando a remover el material no para Farallón sino para un área en Río Hato".
"¿Y los permisos?", preguntamos, a lo que Jiménez responde "bueno... ese permiso yo lo tenía que tramitar ese día porque todavía no había movilizado camiones. Cuando usted estuvo por allá el hombre de la "retro" se asustó y se fue para COHISA, así que lo poquito que removió se quedó allí".
Dijo también que "hasta el momento todo el mundo ha extraído material de allí, con o sin autorización. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer sin permisos, sólo que tenía que desplazarme a solicitarlos".
Reiteramos entonces "¿cuándo la retroexcavadora fue encontrada allí usted no había tramitado el permiso?" y Jiménez contestó "estaba en eso"...
Lo anterior, el ingeniero Pérez del MICI, ya lo había advertido. "La gente lo que hace es venir jueves y viernes a remover y los sábados y domingos, cuando no trabajamos, meten los camiones y se llevan el material".
Al consultar nuevamente a Horna, de COHISA, aclaró que "ese material que él estaba extrayendo no era para nosotros. Lo llamé subcontratista porque es una persona que uno conoce. Nosotros no tenemos nada que ver con él en ese asunto. Tiene razón debimos referirnos a él como un cliente".
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