A cinco días de dejar el poder, el Gobierno del ex presidente Martín Torrijos comunicó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que “no acataría” un fallo de medidas cautelares a beneficio de indígenas Ngöbe Buglé.
El Gobierno comunicó esta decisión en una nota fechada el 25 de junio sobre el caso surgido, tras una denuncia de supuesto abuso policial contra los indígenas que rechazan la construcción de la Hidroeléctrica Chan - 75.
En el documento, Panamá solicita a la CIDH que "revoque" la decisión de adoptar medidas cautelares como la suspensión de la hidroeléctrica de la concesionaria AES - Changuinola, hasta que se informe de manera "objetiva" sobre las comunidades impactadas en Bocas del Toro.
Asimismo pide que la CIDH convoque a una audiencia para tratar estas medidas que “exigen inminencia, urgencia e inmediatez de violaciones al derecho de la vida” de estos indígenas.
La resolución de la CIDH señalaba que “Panamá debe cumplir con el rol de defensor de los derechos de todos los pueblos afectados por este proyecto”.
